Crisis humanitaria en el Catatumbo tras ataque armado en El Tarra
Las autoridades confirmaron que los hechos ocurrieron después de la primera vuelta presidencial en la región.
Noticias RCN
06:44 p. m.
La crisis de seguridad en el Catatumbo, Norte de Santander, se agudizó tras un ataque armado en el municipio de El Tarra.
Un grupo de hombres armados ingresó a la zona, asesinó a dos personas, secuestró a tres más y quemó varios comercios, lo que desencadenó un desplazamiento masivo de la población.
Las autoridades confirmaron que los hechos ocurrieron después de la primera vuelta presidencial en la región. Los atacantes se desplazaron hacia varias veredas, donde perpetraron los homicidios y el secuestro. El paradero de las víctimas aún es desconocido, mientras la comunidad exige garantías de seguridad y protección frente a los grupos ilegales.
Desplazamiento masivo y zozobra en comunidades rurales
Horas después del ataque se registró un desplazamiento masivo de al menos 116 núcleos familiares, lo que equivale a cerca de 300 personas que han huido del conflicto entre el ELN y las disidencias de las Farc.
Las veredas Cañaguate, El Mirador, Brisas del Catatumbo y el kilómetro 84 han sido escenario de sobrevuelos de drones, generando temor entre la población.
"Porque no se pueden estar presentando en nuestro territorio estos hechos violentos, no solamente los ataques armados hacia la población civil, sino también la zozobra que vive la comunidad estudiantil, por el sinnúmero de drones que rondan, especialmente, las sedes educativas de este sector del departamento Norte de Santander", expresó Olguín Mayorga, presidente de la Asociación Nacional de Víctimas.
Ataques con drones, una amenaza constante
La Corporación Departamental de Defensores de Derechos Humanos denunció que desde el inicio de la confrontación entre el ELN y las disidencias de las Farc se han registrado al menos 55 ataques con drones en la zona del Catatumbo.
Estos hechos han convertido la violencia aérea en una amenaza cotidiana para las comunidades, que exigen garantías de seguridad y protección de sus derechos fundamentales.