¿Cuáles son las probabilidades de tumbar el decreto de estado de emergencia en La Guajira?
La procuradora Margarita Cabello solicitó tumbar la medida que faculta al presidente para tomar decisiones inmediatas para atender la crítica situación.
Yhonay Díaz
02:57 p. m.
El pasado 29 de junio el presidente Gustavo Petro ratificó, a través de un decreto, la emergencia económica, social y ecológica en La Guajira. La medida fue duramente criticada en vista de que los problemas que tiene La Guajira son vieja data y el Gobierno Nacional debía consolidar un plan de acción para garantizar los mínimos vitales a esta población.
Siguiendo los canales regulares tras esta decisión presidencial, la Corte Constitucional citó a una audiencia pública para la exposición de los argumentos que respaldarían esta decisión, donde la mayoría de las partes coincidieron en que no había una base que sustentara la declaratoria.
Lo mismo consideró la Procuraduría. Margarita Cabello pidió a la Corte Constitucional tumbar el estado de emergencia en La Guajira.
Frente a este panorama, se analizaron cuáles serían las posibilidades de que la Corte Constitucional puedan considerar como inexequible el decreto de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira.
En contexto: Gobierno decreta estado de emergencia económica, social y ecológica en La Guajira
La controversia del decreto de estado de emergencia
El jefe de Estado declaró el estado de emergencia en julio, justificando la decisión por el clima extremo que se está presentando en La Guajira, un argumento en el que distintos sectores alegan que podría ser inconstitucional porque el Gobierno tiene herramientas para garantizar la protección de esta población golpeada por la pobreza y la falta de inversión del Estado.
Diana Valencia Tello, doctora en derecho público, señaló que un estado de emergencia significa que “son facultades que se le entregan al presidente solo por tres meses, lo que deja abierta la posibilidad de la contratación abierta, en un proceso de contratación de emergencia”.
Lo que se sustenta para tumbar la medida es que en La Guajira hay una problemática estructural que se ha agudizado desde 2017 tras la muerte por desnutrición de muchos niños.
Creo que sí tiene muchas posibilidades de ser inconstitucional porque no cumple con la inmediatez de una emergencia.
“Más bien es necesario pedir cuentas sobre qué paso con el plan de acción en La Guajira y cuáles son las acciones que se han establecido desde 2017 hasta ahora”, indicó Valencia Tello.
Vea también: Los decretos del Gobierno para la emergencia social y económica en La Guajira
¿Tumbarán el decreto de emergencia económica en La Guajira?
Para la doctora Valencia Tello “el control constitucional es sumamente importante para garantizar la debida separación de poderes para evitar que el presidente tome facultades que no le corresponden o que pueden llegar a invalidar al órgano legislativo”.
Si en la decisión que presentará la Corte se tumba la medida, “no se podría presentar nuevamente un estado de emergencia bajo las mismas causas porque ya es cosa juzgada por la Corte Constitucional”, aseguró la abogada.
El proceso para este tipo de decretos “se debe tener un control constitucional automático, sin que nadie lo pida. Entonces, la Corte analiza la situación y la justificación que le presenta el Gobierno para declarar estos estados de excepción”.
Este 31 de agosto, la Corte Constitucional, a través de un comunicado indicó que de acuerdo con los conceptos se llevará a cabo el respectivo estudio.
Para el analista político Juan Falkonerth, la Corte Constitucional, luego de tomar una posición sobre este estudio:
Determinará si efectivamente deja sin piso jurídico este decreto presidencial
Por otro lado, el profesor de la facultad de derecho de la Universidad del Rosario, Enrique Prieto-Rios aseguró que “las acciones que está tomando el Gobierno están en el marco de las obligaciones internacionales, y de no hacerlo, todas esas personas que pueden ser víctimas por la inacción o inoperancia del estado podrían llegar a presentar demandas en el sistema interamericano contra el estado colombiano por su negligencia”.