Una década del Acuerdo de Paz: Contraloría sostiene que se necesitarían 100 años para reparar a todas las víctimas

De acuerdo con la Contraloría General de la República, durante los 10 años de implementación del Acuerdo de Paz se han ejecutado 127 billones de pesos, que corresponden al 60% del total estimado desde la firma del documento. Sin embargo, aún se necesitarían más de 450 billones para poder indemnizar a las víctimas individual y colectivamente.

Para el ente, se necesitarían más de 100 años para poder lograr el objetivo de reparación.

Sobre el Presupuesto General de la Nación, que es de donde sale el dinero para la implementación del acuerdo, hasta ahora la mayor parte de la inversión ha ido destinada a la reforma rural, mientras que apenas el 9% ha ido a las víctimas y el 7% a la sustitución de cultivos ilícitos.

Víctimas cuestionan falta de reparación

Víctimas de las extintas Farc han cuestionado con fuerza la falta de competencia de la JEP para llevar a cabo tareas de reparación y los largos tiempos de espera para el reconocimiento, acreditación y posterior indemnización por parte de la Unidad de Víctimas.

Además, aseguran que las filas y las tutelas por parte de miles de víctimas continúan, en busca de ser reconocidas por los vejámenes sufridos por la extinta guerrilla.

Para la Contraloría, la seguridad sería el mayor riesgo estructural del acuerdo en este momento. Desde la firma del documento en 2016 hasta este año, han sido asesinados 2.812 líderes sociales y 490 firmantes de paz. Solo en 2025, fueron asesinados 334 firmantes.

ONU pide implementar completamente el Acuerdo de Paz

Según la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, a pesar de la firma del Acuerdo de Paz y los esfuerzos que se han hecho durante estos 10 años, siguen existiendo territorios sin presencia estatal, fuerza pública y economías legales suficientes para sostener a sus habitantes.

De otro lado, las grietas han permitido la proliferación y fortalecimiento de grupos armados criminales que compiten por el control de los territorios y las rutas estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal.

Asimismo, los representantes de la Misión han cuestionado la interpretación “puramente militar de la seguridad”, asegurando que el avance de los grupos ilegales no se debe solo a las recientes conversaciones con el gobierno, sino a décadas de abandono político, administrativo y económico.

Frente al cambio de gobierno que enfrentará el país en agosto, la ONU ha expresado que el desmantelamiento del Acuerdo de Paz “expondría al país a un riesgo aún mayor”, y que las fallas presentadas hasta ahora no deben poner en tela de juicio el documento, sino evidenciar el costo de su implementación incompleta.