¿Cuánto cuesta el proceso de paz con las disidencias de alias Calarcá?
Hasta el momento se han realizado siete ciclos de negociación. Sin embargo, los avances han sido limitados.
Noticias RCN
09:15 p. m.
En menos de dos años, el proceso de paz con las disidencias de las FARC lideradas por alias Calarcá ha tenido un costo superior a los 30.299 millones de pesos, según documentos entregados a Noticias RCN por la Consejería de Paz.
Las negociaciones comenzaron el 13 de octubre de 2023 y, pese a los cuestionamientos sobre su efectividad, el Gobierno Nacional insiste en mantenerlas activas.
Alias Calarcá, disidencia señalada de participar en el asesinato de 13 policías en Amalfi, Antioquia, continúa siendo uno de los negociadores de este grupo, lo que ha generado críticas sobre la legitimidad del proceso.
Inversión millonaria con pocos avances
Hasta el momento se han realizado siete ciclos de negociación, el más reciente en Campo Hermoso, San Vicente del Caguán, liderado por el propio Calarcá Córdoba. Sin embargo, los avances han sido limitados.
La inversión se divide entre la mesa de negociación y el mecanismo de monitoreo. Entre los rubros más altos figuran los honorarios, que alcanzan casi 5.500 millones de pesos, las medidas de protección para negociadores del gobierno y de las disidencias, que suman 5.967 millones, y los gastos en tiquetes y transporte aéreo, que superan los 6.600 millones.
Comparaciones y cuestionamientos
Este proceso es el segundo con mayor inversión después de las negociaciones con el ELN y se acerca a los 39.000 millones de pesos que el presidente Gustavo Petro prometió para la construcción de la Universidad del Tarra, en el Catatumbo, en 2022.
Según la Consejería de Paz, el gobierno cuenta con 11 representantes en la mesa, mientras que alias Calarcá participa acompañado por 40 guerrilleros, todos con órdenes de captura suspendidas.
En total, desde el inicio de la política de “paz total”, el Estado ha invertido 84.816 millones de pesos en los nueve procesos activos. Críticos advierten que, más que el monto, el problema radica en que los recursos se estarían destinando “en lo que no es y de la forma incorrecta”, mientras la violencia en los territorios persiste.