Cuatro años de cárcel y una multa: preacuerdo entre Mattos y Fiscalía estaría a punto de aprobarse

Preacuerdo entre Carlos Mattos y la Fiscalía/Foto: archivo.

La Procuraduría criticó el preacuerdo pues considera que la Fiscalía no debería recibir dinero por parte de Mattos al no ser víctima directa.


Noticias RCN

mar 04 de 2022
06:46 p. m.

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Carlos Mattos, procesado por el caso de corrupción Hyundai y recientemente trasladado a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, aceptó el preacuerdo con la Fiscalía General para pagar por haber sobornado a jueces en el 2016 con el fin de monopolizar la venta de autos de la marca coreana en el país.

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Hasta el momento no se ha dado la aprobación final a este preacuerdo, pues antes debe ser revisado y aprobado por el juez del caso, diligencia que se llevará a cabo el próximo 11 de marzo.

Cabe recordar que este preacuerdo al que llegaría Mattos con el ente fiscal consiste en una pena de cuatro años y ocho meses de prisión, más una multa de $93 millones. Además, se podría incluir una suma de $1 millón de dólares que pagaría Mattos a la Rama Judicial y a la Fiscalía con el fin de reparar los daños causados mientras dirigía la concesionaria de Hyundai en el país.

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Además, con la firma de este preacuerdo Mattos aceptaría completamente su responsabilidad por los delitos de soborno, utilización ilícita de redes de comunicación y los otros motivos por los que se le acusa.

Procuraduría criticó preacuerdo entre Mattos y Fiscalía

Entretanto, la Procuraduría General de la Nación lanzó fuertes críticas al documento de preacuerdo, específicamente a la eventual indemnización que podría pagar Mattos a la Fiscalía.

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La polémica suscita pues la Procuraduría aseguró que “no hay razón para que la Fiscalía reciba semejante cantidad de dinero y menos cuando en ningún momento sufrió algún perjuicio por la conducta o el soborno que pagó el empresario para favorecerse de una decisión judicial”.

Asimismo, el Ministerio Público recalcó que el principal delito que recae sobre Mattos es haber comprado a un juez para favorecerse en sus intereses y que, sin embargo, el preacuerdo no reconoce que mediante este acto el señalado haya obtenido o no un incremento en su patrimonio.

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