Debate de control político en el Congreso: la respuesta a las condiciones de Iván Cepeda
La senadora Paloma Valencia busca llevar al Congreso los debates previo a elecciones presidenciales tras la ausencia de Iván Cepeda en espacios públicos.
Noticias RCN
05:37 p. m.
La senadora Paloma Valencia anunció la citación de un debate de control político en el Senado de la República con el objetivo de discutir las condiciones de seguridad electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2026. La iniciativa surge ante la negativa reiterada del también senador Iván Cepeda a participar en debates abiertos con otros aspirantes.
La propuesta ya fue radicada formalmente ante el presidente del Senado, Lidio García Turbay y se encuentra a la espera de ser agendada por la Secretaría General. De concretarse, el debate se desarrollaría en la plenaria y sería transmitido en directo a través del Canal Institucional y las plataformas digitales del Congreso.
Convocatoria a candidatos y enfoque del debate
En la comunicación oficial, Valencia extendió la invitación a los candidatos presidenciales Claudia López, Sergio Fajardo, Abelardo de la Espriella y Roy Barreras, con el fin de confrontar sus propuestas en un mismo escenario institucional. El control político sería al Ministerio del Interior, encabezado por Armando Benedetti.
Estas invitaciones se dan luego de que el candidato Cepeda manifestara que solamente asistiría a debates con Valencia y De La Espriella. Sin embargo, el excanciller Luis Gilberto Murillo, también candidato, reaccionó negativamente tras no recibir la invitación.
Cuestionario sobre seguridad electoral y control institucional
Como parte del ejercicio de control político, la senadora incluyó un cuestionario de 40 preguntas dirigido al Ministerio del Interior. Los interrogantes abarcan aspectos como la presencia de grupos armados en municipios sin control efectivo de la Fuerza Pública, el riesgo de coacción al votante, y la posible relación entre economías ilegales y resultados electorales.
El cuestionario también solicita información sobre el número de líderes sociales y actores políticos asesinados en el último año, el estado de judicialización de estos casos y la existencia de investigaciones por financiación ilegal de campañas.