Debate encendido por propuesta que reduce penas a homicidas y abusadores de menores
El artículo 7 del proyecto de ley plantea rebajas de hasta el 50% en las penas para crímenes graves cometidos contra menores.
Noticias RCN
09:05 p. m.
El sistema judicial se está enfrentando a una reforma con el Proyecto de Ley N° 281 de 2024, cuyo objetivo principal es aliviar la congestión de procesos judiciales que ha colapsado las cortes del país.
En este marco, una propuesta ha suscitado una fuerte polémica: el artículo 7 del proyecto que sugiere la posibilidad de reducir las penas de delitos graves, como homicidio, abuso sexual y secuestro de menores, bajo ciertas condiciones.
Este ha generado un intenso debate entre los principales actores del sistema de justicia y diversas entidades, que aún no logran un consenso sobre su viabilidad.
Debate encendido por propuesta que reduce penas a homicidas y abusadores de menores
El artículo 7 busca modificar el numeral 7 del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, referente a los beneficios y mecanismos sustitutivos en casos de homicidio, agresiones personales, delitos sexuales y secuestro, cuando estos son cometidos en contra de menores de edad.
En su nueva redacción, el artículo propone que se otorgue una reducción de la mitad de la pena si el imputado acepta los cargos, celebra un preacuerdo con la Fiscalía o llega a un allanamiento. Esto, de acuerdo con los autores de la reforma, sería una manera de agilizar los procesos y descongestionar las cárceles y los juzgados, que actualmente se ven desbordados por la acumulación de casos.
Luz Adriana Camargo, fiscal general de la Nación, ha afirmado que la postura de la Fiscalía no es rígida, asegurando que están abiertos a evaluar las diferentes perspectivas:
Nosotros no tenemos ninguna postura radical.
Por su parte, Gerson Chaverra, presidente de la Corte Suprema de Justicia, resaltó que el artículo 7 está lejos de ser aprobado tal como está redactado actualmente. En una declaración reciente, indicó que:
Hay una propuesta que está sometida a la deliberación a observar lo diferentes puntos de vista y estamos en esa concentración.
Pero no todos los sectores de la justicia han recibido la propuesta con el mismo nivel de aceptación. La Comisión de Disciplina Judicial ha expresado su rotundo desacuerdo con el artículo.
Alfonso Cajiao, presidente de esta comisión, fue claro en su postura:
No es la rama judicial la que tiene que resolver el problema, es un asunto de la sociedad sobre el cual se ha puesto de presente la crisis que tenemos frente a la educación y el tratamiento que le damos a nuestros menores.
¿Quiénes apoyan la reducción de penas a homicidas y abusadores de menores?
La propuesta de rebajas de penas ha sido recibida con diferentes reacciones por otros actores del sistema judicial. Los jueces penales de Bogotá han manifestado su apoyo, argumentando que la saturación de casos que manejan a diario hace que este tipo de medidas sean necesarias para mejorar la eficiencia de los procesos judiciales.
En contraposición, voces dentro del mismo sistema, como la Comisión de Disciplina Judicial, han subrayado que esta propuesta puede dar una señal equivocada a la sociedad y fomentar un sentimiento de impunidad en crímenes de extrema gravedad.
Ante el revuelo generado, el artículo 7 fue objeto de análisis durante una reunión entre la Fiscalía, el Ministerio de Justicia y la Corte Suprema de Justicia, celebrada esta tarde. Si bien no se llegó a una conclusión definitiva, se decidió someter nuevamente el artículo a un debate más profundo en el Congreso la próxima semana.
Más de 100 congresistas piden eliminar el artículo 7 de la reforma a la justicia
Otro principal punto de controversia radica en que más de 100 congresistas, entre senadores y representantes, firmaron una proposición que solicita la eliminación completa del artículo 7.
Según esta proposición, la reducción de penas para delitos tan graves como los que afectan a menores podría desvirtuar el sentido de justicia que el sistema penal debe garantizar.
El texto de la proposición presentada por los congresistas se basa en la premisa de que crímenes como el homicidio, abuso sexual y secuestro de menores deben ser castigados con todo el rigor de la ley, sin otorgar beneficios que puedan interpretarse como una forma de indulgencia hacia los perpetradores.
Los firmantes consideran que, aunque es necesario descongestionar el sistema judicial, no se debe sacrificar la severidad en la aplicación de la ley, especialmente en casos que involucran a la población más vulnerable: los niños.