Debate por propuesta de que Farc sean beneficiadas por Ley de Justicia y Paz

Un nuevo round en la pelea por la aplicación de justicia a miembros de la guerrilla de las Farc que se desmovilizarían en caso de firmarse la paz se presentó este miércoles en Colombia después de que el congresista Hernán Penagos entregara una propuesta a la Comisión de la Paz de la Cámara de Representantes en la que se busca que la Ley de Justicia y Paz aplicada a grupos paramilitares sea efectiva también para miembros de las Farc.

De este modo, los insurgentes que fueran beneficiados con esta medida, que debe ser aprobada por el Congreso, podrían pagar penas de máximo ocho años de cárcel, sin importar qué tipo de delitos cometieron y, asimismo, crímenes como el narcotráfico serían considerados conexos con el delito político, evitando así penas extras o peticiones de extradición.

Aunque el Gobierno, representado en Humberto de la Calle, quien es el jefe negociador en La Habana, descartó esta posibilidad, la Fiscalía manifestó que esta propuesta no se puede descartar ya que de este modo se podría agilizar la aplicación de la justicia transicional para la guerrilla de las Farc, si se logra concretar el proceso de paz. 

"Es una propuesta que hay que mirarla con todo la seriedad, es una propuesta audaz y no la podemos descartar, tendremos que hacer un estudio muy serio para determinar si todo el marco de justicia transicional que está diseñado en la Constitución y las necesidades de los acuerdos de paz en La Habana podrían o no manejarse con estos instrumentos", indicó el fiscal general Eduardo Montealegre.

Pero para Humberto de la Calle la Ley de Justicia y Paz tiene muchos inconvenientes y en caso de que se piense aplicar el Gobierno Nacional tardaría muchos años en concretar el proceso de paz que a la fecha culminó su ciclo 36 de diálogos.

Para Diego Arias, analista político y experto en conflicto armado, no es viable que se lleve a cabo la propuesta del congresista Penagos porque, para él, el proceso realizado en Justicia y Paz con los grupos paramilitares “tiene muchas deficiencias” que deberían ser resueltas para lograr su aplicación a los guerrilleros de las Farc.

"Hay un problema inmediato y es que Justicia y Paz requiere que se pague cárcel y ese es un punto que la guerrilla ha querido mantener por fuera de toda opción, pero además hasta el momento todos sabemos que los paramilitares todavía no han cumplido con todas las obligaciones que quedaron consignadas en la Ley, es decir que no se han contado todos sus crímenes, el proceso de reparación de las víctimas ha sido insuficiente y no se han entregado todas las propiedades que se tienen que devolver al Estado. Eso no puede volver a pasar con la guerrilla".

Una postura similar tiene el analista de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, quien afirma que "no se puede tratar este tema de justicia por el final, pidiendo cárcel, es como construir una casa y empezar por el techo".

Ávila dice que aplicar Justicia y Paz es inviable desde un punto de vista político porque esta decisión no se toma en La Habana sino en Colombia y eso es, según afirma, un modo de echar al traste la negociación.

"El tema de justicia debe ser tratado en La Habana y ser parte de una discusión conjunta y eso solo vendrá al final del proceso. Centrarse en ese debate empantana las negociaciones e impide que se avance en todos los temas. Creo que antes debe quedar claro que hay un compromiso de no repetición, de confesión de toda la verdad y de reparación de víctimas. Una vez eso quede consignado, ya se discute si hay cárcel o no".

El analista añade que en este momento hay que darle aire al Marco Jurídico para la Paz, que permite que se aplique justicia transicional tanto a personas por fuera de la ley, como a militares, policías, dirigentes políticos y gente del sector privado, en caso que se demuestre su responsabilidad en el conflicto armado.

"Eso puede permitir que haya justicia para todos y no excluye un tratamiento diferencial. Se juzgan a militares y guerrilleros, pero no pasa, por ejemplo, lo que ocurrió con la desmovilización del M-19 en la guerrilleros pudieron hacer política mientras que Plazas Vega va a la cárcel".

Sin embargo, aunque la propuesta generó debate, todavía debe ser discutida en el Congreso y tiene que ser llevada a Cuba.