¿Deberían ser investigados otros expresidentes tras conocerse la condena de Álvaro Uribe?
Con el fallo contra Álvaro Uribe, en La Mesa Ancha advierten la apertura de una puerta para que otros expresidentes enfrenten la justicia.
El pasado viernes, en una audiencia la jueza 44 penal del circuito de Bogotá dictó sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez: 12 años de prisión domiciliaria, una multa que supera los 3.000 millones de pesos e inhabilidad para ocupar cargos públicos.
La decisión, que lo convierte en el primer exmandatario en ser condenado por la justicia, reactivó la discusión sobre otros expresidentes cuya gestión estuvo rodeada de escándalos.
Uribe fue condenado a 12 años de prisión domiciliaria
El caso contra Uribe, basado en los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, tuvo su punto más álgido en la audiencia pública del viernes, cuando la jueza ratificó su responsabilidad y le impuso la pena más alta contemplada para ese tipo de delitos.
El expresidente, visiblemente incómodo, escuchó el fallo que, además de encerrarlo en su residencia, lo aparta de cualquier posibilidad de volver a ocupar un cargo público.
El analista Felipe Jimeno, invitado a La Mesa Ancha, explicó que lo ocurrido es solo el inicio de un proceso que ahora pasará a segunda instancia.
Esto apenas está empezando. La defensa tiene hasta el 13 de agosto para apelar, la jueza incluso le otorgó dos días más. Luego serán tres magistrados del tribunal quienes decidirán si ratifican o no esta condena.
Pero más allá del camino judicial que le espera a Uribe, el debate que se ha desatado en el país gira en torno a lo que implica este fallo para otros expresidentes que han sido señalados, aunque no judicializados, por escándalos.
¿Deberían ser investigados otros expresidentes tras conocerse la condena de Álvaro Uribe?
Jimeno, en una de sus intervenciones, fue claro al señalar:
Esto abre un precedente histórico para Colombia. Nunca un expresidente había sido condenado. Y esto puede abrir la brecha para estudiar e investigar a Juan Manuel Santos por todo lo que ocurrió con Odebrecht, donde en otros países de América Latina sí hubo condenas. También lo que pasó con Samper y el proceso 8.000. Es el inicio de una nueva etapa donde los expresidentes, que han sido altamente cuestionados, ya no estarán blindados solo por haber ocupado el cargo.
Julio Iglesias, otro de los analistas, profundizó sobre las implicaciones políticas de este fallo. Según él, el país entra en una fase de lucha por la narrativa:
Algunos ven esto como un fallo político, más aún cuando la jueza impuso una pena incluso mayor a la que pedía la Fiscalía. Pero para otros sectores, esta condena ratifica lo que siempre sospecharon: que Uribe comandó estructuras que operaban en la frontera entre la legalidad y la ilegalidad, y que este no será el único delito que se le endilgue.
La discusión, sin embargo, ya traspasó los límites del proceso contra Uribe. Las palabras de los analistas apuntan directamente a que otros nombres, antes intocables, podrían comenzar a figurar en los expedientes judiciales.
El caso Odebrecht, con implicaciones globales, y el financiamiento del narcotráfico en campañas presidenciales , como ocurrió en el proceso 8.000, son dos ejemplos que resurgen con fuerza.