Demandan decreto que permitiría a la ANT levantar embargos judiciales sin un juez
La demanda fue presentada ante el Consejo de Estado con una solicitud de medida cautelar de urgencia para suspender el Decreto 765 de 2026.
Noticias RCN
11:45 a. m.
El Decreto 765 de 2026, expedido por el Gobierno Nacional el pasado 15 de julio enfrenta una demanda de nulidad presentada ante el Consejo de Estado, donde se solicita como medida cautelar de urgencia, que sus efectos sean suspendidos de manera inmediata mientras avanza el proceso.
La petición cobra relevancia porque el propio decreto fija el 25 de julio como plazo para poner en marcha uno de los mecanismos previstos en la regulación.
¿Qué permite el Decreto 765 de 2026, según la demanda?
Según la demanda, el decreto introduce facultades que permitirían a la Agencia Nacional de Tierras (ANT) ordenar la cancelación de embargos y otras medidas cautelares inscritas sobre los predios que adquiera, incluso cuando esas medidas hayan sido decretadas por autoridades judiciales.
Asimismo, establece un mecanismo registral denominado administración anticipada, cuya implementación debía ser habilitada por la Superintendencia de Notariado y Registro antes del 25 de julio mediante la creación de un código registral especial.
En la demanda se afirma que el Gobierno habría excedido la potestad reglamentaria al regular materias relacionadas con el régimen de propiedad, el registro inmobiliario y las competencias de las autoridades judiciales.
¿Qué deberá decidir ahora el Consejo de Estado?
En una primera etapa, la Sección Primera del Consejo de Estado deberá decidir si concede o no la medida cautelar de urgencia. Si la acepta, los efectos del Decreto 765 de 2026 quedarían suspendidos mientras avanza el proceso de nulidad. Si la rechaza, la norma continuará vigente hasta que exista una decisión definitiva sobre su legalidad.
La solicitud de medida cautelar se fundamenta en que, una vez entre en funcionamiento el mecanismo de administración anticipada previsto en el decreto, podrían comenzar a producirse actuaciones registrales que, según el demandante, serían de difícil reversión incluso si posteriormente la norma es anulada.
Según las cifras presentadas, el Gobierno Nacional está lejos de cumplir sus metas de entregas de tierras durante los cuatro años de mandato. La demanda sostiene que esos desafíos deben resolverse respetando las competencias previstas por la Constitución y la ley, sin modificar mediante decreto las reglas sobre propiedad y registro.