Defensa del capturado alcalde de María La Baja habló del caso de corrupción de Sierra Nevada
Gustavo Moreno asumió defensa de Ramiro González Mancilla, alcalde de María La Baja, presuntamente vinculado en investigación de corrupción.
Noticias RCN
09:52 a. m.
El abogado penalista Gustavo Moreno anunció que asumió la representación judicial del alcalde de María La Baja, Bolívar, Ramiro González Mancilla, capturado en el marco del caso Sierra Nevada, una investigación de la Fiscalía que destapó un presunto desfalco superior a los $3 billones en el Sistema General de Regalías.
A través de un comunicado, el despacho jurídico se refirió al caso y enfatizó que "la existencia de una investigación o actuación judicial no equivale a una declaración de responsabilidad".
Destacó que ejercerán "una defensa técnica, rigurosa e independiente, con absoluto respeto por la administración de justicia".
Investigación por corrupción en regalías que salpica al alcalde de María La Baja
La Fiscalía investiga a siete gobernadores y múltiples funcionarios por su presunta participación en un presunto entramado de corrupción relacionado con el Fondo Mixto Sierra Nevada, entidad que habría utilizado documentación fraudulenta para constituirse como esquema asociativo territorial y apropiarse ilegalmente de recursos del SGR.
Entre los capturados se encuentran el alcalde González Mancilla, un exalcalde de La Paz, Cesar, contratistas, exrepresentantes legales, un exdirector administrativo, el revisor fiscal, el director técnico y supervisores del Fondo Mixto Sierra Nevada.
Estrategia de la defensa de alcalde en el caso Sierra Nevada
El penalista aseguró que en este caso “examinaremos integralmente los hechos, las pruebas y las actuaciones procesales, y ejerceremos todos los mecanismos que el ordenamiento reconoce a la defensa".
La defensa anunció que comunicará públicamente "únicamente aquello que resulte necesario para garantizar información precisa y evitar que un proceso judicial se convierta anticipadamente en una condena pública".
Según la Fiscalía, el esquema fraudulento se concentró en la región Caribe mediante proyectos de origen departamental que involucraron "contratistas, personas no aforadas y gobernadores", utilizando los esquemas asociativos territoriales —mecanismos legales para ejecutar proyectos conjuntos con recursos de regalías— como fachada para desviar fondos públicos.