Defensora del Pueblo sugiere que “se necesita una evaluación” de los diálogos de paz tras revelación de los archivos de Calarcá

Los presuntos vínculos entre altos funcionarios del Ejército y la Dirección Nacional de Inteligencia con los bloques Jorge Suarez Briceño, Magdalena Medio, Comandante Gentil Duarte y Comandante Raúl Reyes de las disidencias de las Farc generaron una nueva alerta de la Defensoría del Pueblo.

Mientras el presidente insiste en que no tomará una decisión hasta que se realice “un examen forense, de informática forense, a los chats que la Dijín entrega a la Fiscalía de Antioquia”; la Defensoría advierte que los presuntos nexos de funcionarios con el grupo armado podrían comprometer la legitimidad del Estado y la política de paz total.

En diálogo con Noticias RCN la defensora del pueblo, Iris Marín indicó que “es necesario que haya claridad absoluta sobre la coherencia del Gobierno Nacional en los procesos de paz que están adelantando con alias Calarcá y que no estén conduciendo a un fin distinto al de facilitar la construcción de paz, que conduzca a la desmovilización del grupo y la terminación del conflicto armado, pero hay dudas y deben ser resueltas cuanto antes por las autoridades. Las denuncias son muy graves”.

La defensora realizó un doble llamado al Gobierno Nacional y a las disidencias de Calarcá:

La semana pasada, Calarcá habría llegado a nuevos acuerdos, al cierre del séptimo ciclo de conversaciones con el Gobierno Nacional, que comprometen al frente 36 de las disidencias. Sin embargo, la credibilidad en la política de paz total atraviesa su peor momento.

“El Gobierno Nacional debe mostrar un verdadero compromiso, garantizar que no se afecte la seguridad y protección de los derechos humanos de los colombianos. Nuestro llamado es a que suspenda a los funcionarios que son señalados en el informe, mientras se adelantan investigaciones internas, y que el grupo liderado por Calarcá muestre hechos de paz. Los acuerdos en el papel parecen esperanzadores, pero no están teniendo credibilidad ¡Cumplan liberando a los niños reclutados! Sería un gesto que daría confianza en el proceso”, destacó Marín, en un llamado a ambas partes.

Y señaló que, si el Gobierno remueve de su cargo a los funcionarios salpicados con el escándalo, “va a permitir mayor transparencia en las investigaciones y confianza en que se están tomando todas las medidas necesarias para proteger la institucionalidad. El presidente tiene la facultad de valorar las condiciones de los diálogos de paz. Nosotros nos limitamos a hacer preguntas, porque hay muchas ¿Cómo se está usando la suspensión de órdenes de captura? Desde los hechos registrados en julio del 2024 en Anorí hay muchas dudas y los grupos armados están creciendo territorialmente y en número de hombres”.

¿Elecciones en riesgo?

A puertas del año electoral, la defensora Marín insistió en las alertas tempranas sobre la posible intervención de las disidencias en las presidenciales de marzo próximo. Para disipar las dudas, según dijo, deben garantizarse condiciones de transparencia más allá del papel:

“La alerta temprana electoral lo dice. Hay varias zonas del país donde estas disidencias ejercen presencia y han ido expandiéndose. No se descarta su intervención en los procesos electorales y por eso celebramos que la semana pasada hayan anunciado que van a respetarlo, pero no es suficiente que el acuerdo esté sobre el papel, es necesario que haya condiciones claras porque vemos una contradicción entre sus compromisos y la realidad”.