“Víctimas solicitaron que asuman su responsabilidad por violencia sexual”: defensora del Pueblo sobre sentencia contra exFarc

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, se refirió en las últimas horas a la sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz en el caso 01, contra el antiguo secretariado de las Farc.

Según dijo, “por primera vez, reconocieron su responsabilidad por al menos 21.396 secuestros, que hicieron parte de un plan a gran escala. Fueron declarados penalmente responsables por crímenes de guerra, como la toma de rehenes y homicidios, así como por crímenes de lesa humanidad: privaciones graves de la libertad, asesinatos y desapariciones forzadas”.

Pero eso no es todo, Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar también “fueron declarados responsables por los crímenes de guerra de tortura, tratos crueles, atentados contra la dignidad personal, violencia sexual y desplazamiento forzado y por crímenes de lesa humanidad, como esclavitud y otros actos inhumanos cometidos por las unidades bajo su mando”.

¿Dónde queda su responsabilidad por los delitos de violencia sexual?

En total, la sentencia identificó 28 tipologías de daños causados por el antiguo secretariado y los hombres y mujeres bajo su mando, en contra de la dignidad humana, la vida en comunidad y el territorio nacional.

Sin embargo, la defensora Marín quiso destacar dos condiciones del proceso: “1. Dejaron las armas y finalizaron el conflicto armado que existe con las Farc y 2. Reconocieron su responsabilidad. Sin embargo, las víctimas han solicitado, legítimamente, que las antiguas Farc asuman en profundidad su responsabilidad por episodios de violencia sexual”.

Los siete exintegrantes del secretariado serán monitoreados por las autoridades y tendrán restricciones en materia de movilidad; sin embargo, la pena no contempla una medida privativa de la libertad, pero sí posibles rebajas por el cumplimiento de compromisos.

“La sanción no es carcelaria dado el cumplimiento de las condiciones que fueron verificadas por la JEP y es la máxima, de 8 años, porque es atribuida a los máximos responsables por los hechos de máxima gravedad”, explicó la defensora.

¿Qué desafíos persisten tras la sentencia de la JEP?

La sentencia, al ser restaurativa, se enfocará en la reparación a las víctimas y la restauración del daño causado, en cuatro puntos específicos: “La búsqueda de personas desaparecidas, actos de memoria y reparación simbólica, proyectos ambientales y desminado humanitario; lo que constituye un paso histórico en contra de la impunidad con un enfoque restaurativo”.

Pero, en palabras de Marín, “persisten desafíos importantes como la falta de claridad sobre cómo se compatibilizarán las sanciones con el ejercicio político”, además, “la consulta a las víctimas para definir los trabajos y obras restaurativas en detalle es una oportunidad esencial para fortalecer la participación activa de las víctimas y la legitimidad de las sanciones”.