Defensoría pide fortalecer coordinación institucional frente al fenómeno de El Niño en Colombia

La Defensoría del Pueblo alertó que, “con o sin fenómeno de El Niño, el Estado tiene la obligación de prevenir riesgos y proteger a la población”.

La entidad recordó que Colombia es altamente vulnerable a la variabilidad y al cambio climático, pues “cerca del 85 % de los eventos generadores de desastres en el territorio nacional están asociados a factores climáticos, en contraste con un promedio global cercano al 49 %”.

Vulnerabilidad y derechos en riesgo

El organismo señaló que la ausencia de acciones oportunas para prevenir y mitigar riesgos constituye “una grave vulneración de derechos fundamentales”, especialmente cuando existen recursos técnicos y científicos capaces de anticipar escenarios peligrosos.

Entre los efectos más críticos se mencionan la disminución de niveles en los embalses, con riesgo de crisis energética, así como impactos en la agricultura y la ganadería que comprometen la seguridad alimentaria.

Asimismo, la Defensoría advirtió que estos fenómenos generan presiones adicionales sobre la salud pública, en contextos de altas temperaturas y escasez de agua. “Lo imprevisible, en un escenario de cambio, se vuelve previsible”, subrayó la entidad, al insistir en que no se debe culpar únicamente al clima o a la naturaleza de las afectaciones asociadas a los desastres.

Llamado a la acción preventiva

El comunicado enfatizó que la gestión del riesgo es la manera idónea de evitar que el riesgo se convierta en desastre o, al menos, reducir su impacto. Por ello, la Defensoría hizo un llamado a las autoridades nacionales y territoriales para “fortalecer la planificación, la coordinación interinstitucional y la implementación de acciones preventivas que garanticen los derechos a la vida, la salud, el acceso al agua y a los servicios esenciales”.

La entidad concluyó que la prevención no puede ser únicamente reactiva ante crisis y emergencias, sino un deber permanente y continuo del Estado, indispensable para la garantía de los derechos de toda la población.