Estos son los riesgos identificados por la Defensoría que podrían comprometer la libertad electoral en el país

A menos de seis meses de la primera jornada electoral de 2026 en Colombia y la Defensoría del Pueblo ya presentó un informe alarmante sobre el riesgo electoral en el país.

Defensoría alerta sobre vulnerabilidades democráticas en el proceso electoral de 2026

Según el Sistema de Alertas Tempranas Electoral, 649 municipios requieren una acción institucional para garantizar la integridad del proceso democrático.

La Defensora del Pueblo, Iris Marín, explicó en una entrevista con este medio que estos municipios se clasifican en tres niveles de acción estatal: 62 municipios requieren una acción inmediata, 162 una acción urgente y 425 una acción prioritaria.

“La metodología observa los riesgos electorales antes, durante y después del día electoral. Es muy importante hacer énfasis en que todo lo que ocurre antes para el proceso democrático, no solo la instalación de las mesas de votación. En realidad, los municipios más, digamos, donde se requiere una acción institucional más seria son 649 municipios. Hemos clasificado tres grandes niveles de acción estatal. La primera, que es la acción inmediata, es decir, con unos cuidados intensivos que requieren una acción muy urgente, muy importante, una intervención a fondo, son 62 municipios. Luego hay 162 municipios que requieren una acción urgente y 425 una acción prioritaria”, explicó.

Entre los factores de riesgo identificados, Marín destacó la “presencia de grupos armados ilegales que pueden incidir directa o indirectamente en el proceso electoral”.

Esto incluye restricciones a la movilidad de candidatos, limitaciones en las fuentes de financiación independientes, y la imposición de agendas prohibidas que impiden a los candidatos abordar temas considerados problemáticos por estos grupos.

“Los riesgos que observamos allí son presencia de grupos armados ilegales que pueden incidir directa o indirectamente en el proceso electoral, por ejemplo, en que los candidatos se puedan movilizar, se puedan inscribir, puedan contar con fuentes de financiación independientes y no deban acudir a la financiación de grupos armados ilegales. Que no haya agendas prohibidas, es decir, que los candidatos pueden hablar de ciertos temas, pero no pueden incidir en temas que son considerados problemáticos por los grupos armados o inclusive temas de género, temas LGBTIQ+, que algunos grupos armados también restringen dentro de su gobernanza”, añadió la defensora.

Marín detalló que análisis de la Defensoría evalúa varios factores que el Gobierno Nacional no tiene en cuenta.

Defensoría emitió alerta por riesgo electoral en 649 municipios del país

Según su versión, el informe de alerta corresponde a un documento preventivo que identifica los lugares donde hay mayores riesgos de violaciones a derechos humanos e infracciones al DIH que puedan incidir en el contexto electoral.

Además, también identifica las capacidades institucionales, sociales y las vulnerabilidades institucionales y sociales.

La defensora también aclaró que, si bien se espera que haya elecciones en todo el país, existen riesgos que podrían comprometer la libertad del proceso electoral en ciertas zonas.

Estos incluyen la gobernanza ilegal que impide el tránsito o las campañas de ciertos candidatos, limita las agendas electorales y puede incidir en la financiación.

Cabe mencionar que el informe es el resultado del trabajo de 100 analistas en 42 regionales del país, quienes han realizado un monitoreo durante todo el año, consultando fuentes comunitarias e institucionales.