Defensoría da concepto positivo a ley de sometimiento, pero advierte riesgos de inconstitucionalidad

Mediante un documento conocido este 27 de agosto, la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre el proyecto de ley de sometimiento que plantea el “tratamiento penal diferenciado para el desmantelamiento y sometimiento de organizaciones al margen de la ley y reglas para la consolidación de la paz total”.

En él, la entidad valora de forma positiva la iniciativa de discutir un proyecto que busca implementar mecanismos judiciales para investigar y juzgar a integrantes de grupos armados que operan en el país.

Sin embargo, sugiere que se revisen asuntos de fondo para garantizar los derechos de las víctimas a la participación, la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.

Las consideraciones sobre la ley de sometimiento

Adicional a esto, la Defensoría recalcó que, aunque el gobierno avanza en varias mesas de diálogos con grupos armados, en el marco de la paz total, estos “se desarrollan sin claridad sobre el marco jurídico que, de avanzar hacia el desarme de los grupos y el sometimiento de las estructuras, permitirá que rindan cuentas ante la justicia, las víctimas y la sociedad”.

De acuerdo con el concepto, el Congreso de la República es el que debe definir los tratamientos penales para miembros de grupos armados y de crimen organizado, a través de un debate amplio del proyecto de ley.

Para la Defensoría, la aprobación de este proyecto proporcionaría el marco jurídico necesario para regular el tránsito a la legalidad de los miembros de estos grupos violentos.

Defensoría advierte riesgos en el proyecto

Aunque el concepto es positivo, la Defensoría también advirtió algunos aspectos problemáticos que deben revisarse para garantizar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

Uno de esos aspectos tiene que ver con la participación de las víctimas en las mesas nacionales, departamentales y municipales, con el fin de abordar en su totalidad las afectaciones cometidas por los grupos armados sobre los pueblos étnicos. De no ser abordado correctamente, este punto podría hacer que la iniciativa se declara inconstitucional por otorgar nuevos beneficios penales a reincidentes en la violencia armada.

Además, la Defensoría añade que el proyecto debe consultarse con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la cual fue creada como resultado del Acuerdo Final de Paz firmado con las extintas Farc.

Entre otras cosas, el Ministerio Público pidió que se ponga la lupa sobre la política de reparación de víctimas y la restitución de tierras, además de las otras medidas de reparación individual y colectiva.

“De ser aprobada la iniciativa, en su conjunto, se abriría el camino para ofrecer beneficios penales a los responsables de los hechos sin considerar seriamente los derechos de las víctimas a la reparación. Esto desbalancearía aún más la política, favoreciendo a los responsables y dejando de lado a las víctimas”, agrega.