Defensoría del Pueblo fue contundente y rechazó amenazas de paro armado

Frente a los supuestos llamados a un paro armado por parte de grupos armados ilegales, bajo amenazas contra la vida y la integridad de los ciudadanos, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, consideró que estos hechos constituyen una forma de confinamiento y una grave violación contra la libertad de circulación y residencia de los ciudadanos, que además afectan de manera directa el derecho al trabajo, a la educación y a la alimentación, entre otros.

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“Los grupos armados ilegales deben mantener al margen de sus acciones a la población civil. Por eso, desde la Defensoría del Pueblo rechazamos de forma contundente este tipo de amenazas, que además se dan en el marco de un proceso preelectoral y, por lo tanto, afectan el ejercicio del derecho democrático a elegir y ser elegidos”, dijo Carlos Camargo.

Precisamente la Defensoría del Pueblo acaba de advertir que en el proceso electoral del país hay riesgo extremo y alto de vulneración de derechos en 274 municipios del país, por lo que, sumado a estas nuevas amenazas contra la población civil, el Estado debe tomar de forma urgente acciones preventivas e impulsar la respuesta rápida y efectiva de sus instituciones para la protección de los derechos de la ciudadanía.

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“El Estado colombiano no puede permitir que a través de amenazas se pretenda restringir el derecho a la movilización en ninguna parte del territorio nacional”, enfatizó el Defensor del Pueblo.

En este sentido, la Defensoría del Pueblo requirió a todas las autoridades del orden nacional, departamental y municipal, para que protejan las vías y aseguren con ello los derechos de la ciudadanía frente a las acciones y amenazas de grupos armados ilegales que puedan afectar a la población, particularmente a las comunidades más vulnerables.

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