Defensoría envió alerta por violencia en Arauca: van 84 homicidios en 2025
La cifra de homicidios asciende a 12 en lo que va de septiembre y a 84 en lo corrido del año, de los cuales nueve corresponden a mujeres.
Noticias RCN
06:42 p. m.
En las recientes horas, la Defensoría del Pueblo publicó un documento en el que alertó sobre la crítica situación de seguridad que enfrenta el departamento de Arauca, donde en los últimos cuatro días se han registrado ocho asesinatos.
Defensoría lanza alerta por ola de violencia en Arauca
Con estos hechos, la cifra de homicidios asciende a 12 en lo que va de septiembre y a 84 en lo corrido del año, de los cuales nueve corresponden a mujeres.
Las muertes violentas se han presentado en los siete municipios del departamento, siendo Tame, Arauquita y Saravena los territorios más golpeados.
La entidad enfatizó que estas agresiones no pueden considerarse hechos aislados, sino que responden a las dinámicas del conflicto armado que persiste en la región, donde el accionar de grupos armados ilegales infringe directamente el derecho internacional humanitario, poniendo en riesgo a la población civil.
En su pronunciamiento, la Defensoría recordó que la vida y la dignidad humana son bienes inviolables cuya protección constituye un deber esencial del Estado.
Por ello, instó a implementar de manera urgente e integral la Alerta Temprana 011 de 2023, que incluye cinco recomendaciones dirigidas a enfrentar los factores estructurales de riesgo en Arauca.
“Acompañamos con respeto y solidaridad el dolor de las familias de las víctimas y de las comunidades que hoy enfrentan miedo e incertidumbre. La vida y la dignidad humana son bienes inviolables cuya protección es un deber esencial del Estado”, se lee en el documento.
El comunicado advierte que la falta de acción frente a las alertas emitidas no solo aumenta la vulnerabilidad de las comunidades, sino que también representa un incumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.
Finalmente, la Defensoría llamó a todas las autoridades nacionales, departamentales y locales a coordinar esfuerzos para proteger a las comunidades, garantizar el derecho a la vida y frenar la expansión de la violencia en el territorio.