Defensoría lanzó alerta por inclusión de ex-AUC en procesos de verdad

El debate sobre la participación de exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia en nuevos procesos de verdad tomó fuerza este fin de semana, luego de que el Gobierno Nacional presentara una propuesta que podría tener repercusiones directas en el escenario político y electoral.

Alerta de la Defensoría por la posible participación de ex-AUC en procesos de verdad

La iniciativa busca que antiguos miembros de los grupos paramilitares aporten información sobre hechos ocurridos durante el conflicto armado, pero la manera en que el Gobierno ha planteado la relación entre esas revelaciones y las elecciones encendió las alarmas.

Según la propuesta, conocer “quiénes fueron bandidos” podría incidir en la contienda política actual, un enfoque que ha sido duramente criticado por el riesgo de instrumentalizar la memoria y el dolor de las víctimas con fines distintos a la reparación, la justicia y la paz.

La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, manifestó una profunda preocupación frente al enfoque del proyecto, el cual, considera riesgoso tanto para las víctimas como para la legitimidad de los procesos judiciales en curso.

A través de un video, la funcionaria detalló seis puntos que sustentan su objeción. En primer lugar, indicó que los compromisos de verdad, justicia y reparación de los exparamilitares ya están definidos en la Ley de Justicia y Paz, bajo supervisión judicial.

Sin embargo, la nueva resolución plantea un mecanismo administrativo y voluntario, sin control de los jueces, lo que, según Marín, podría abrir la puerta a la revictimización y debilitar las garantías legales para las víctimas.

“Este fin de semana se publicó una entrevista en la que se expone una propuesta del Gobierno Nacional relacionada con la participación de exintegrantes de las AUC en procesos de verdad y su posible incidencia en el proceso electoral (...) Quiero expresar una objeción profunda frente al enfoque que allí se pretende impulsar. El planteamiento entrelaza la verdad de los excombatientes con la contienda electoral, sugiriendo que revelar quiénes fueron bandidos podría tener un impacto político directo incluso en las candidaturas actuales. Esa relación instrumental genera un riesgo gravísimo: el de utilizar la memoria, el dolor de las víctimas y la verdad con fines distintos a la reparación, la justicia y la paz”, aseguró la defensora.

Marín también alertó sobre el riesgo de que se permita a algunos excombatientes salir de prisión para participar en actividades territoriales o encuentros entre antiguos miembros de las AUC.

Según ella, esto no está contemplado en la legislación vigente y podría interpretarse como una flexibilización indebida de las sanciones impuestas por los tribunales.

La defensora también rechazó que la iniciativa pueda convertir las experiencias y el sufrimiento de las víctimas en un instrumento político o electoral. “La exposición pública de su dolor, sin acompañamiento institucional ni garantías judiciales, puede reabrir heridas y generar nuevos traumas”, advirtió.

En este sentido, dijo que “el derecho a la verdad no puede estar supeditada a decisiones unilaterales o intereses políticos. Observamos con preocupación el lenguaje de cierre del capítulo de las AUC de decisiones que todavía no están definidas o que van paralelas al proceso judicial. No es suficiente imaginar metodologías si no se construyen con la participación de las víctimas. Tampoco es posible confiar en promesas vagas que no garanticen verdad judicial verificable. No sirve un cierre por decreto ni un anuncio rimbombante si la estructura institucional, judicial y de garantías no es robusta, transparente y operativa”.

Otro de los puntos señalados por Marín se refiere a la falta de condiciones adecuadas para garantizar la seguridad y protección de quienes participen en los actos públicos propuestos por el Gobierno, como recorridos simbólicos o eventos territoriales.

Sin una mediación judicial y sin medidas de seguridad, advirtió, estas actividades podrían poner en riesgo tanto a las víctimas como a los desmovilizados que intervengan.

Defensoría rechaza propuesta del Gobierno sobre exintegrantes de las AUC

La defensora insistió, además, en que la justicia transicional no debe estar subordinada a intereses políticos ni a decisiones unilaterales.

Cualquier metodología o proceso, afirmó, debe construirse con la participación activa de las víctimas y bajo parámetros verificables de verdad judicial.

Finalmente, Marín hizo un llamado al Ministerio del Interior, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, al Congreso y a todas las entidades del Estado para que no se adelanten procesos paralelos que involucren a excombatientes fuera del marco judicial establecido.

“Hago un llamado urgente al Gobierno, al Ministerio del Interior, al consejero comisionado para la paz y al Congreso, así como a todos los actores institucionales a que no se adelanten esos procesos con protagonistas armados por fuera del marco judicial al que se sometieron cuando se desmovilizaron de protección y de participación plena para las víctimas. Que la revelación de la verdad no sea una herramienta política más, sino una conquista colectiva de justicia, reparación y no repetición centrada en los derechos de las víctimas”, finalizó.