Defensoría pide retirar a funcionarios involucrados en presuntos nexos con el Estado Mayor de los Bloques y Frentes

La Defensoría del Pueblo expresó una profunda preocupación ante las recientes revelaciones sobre presuntos vínculos entre integrantes del denominado Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), entre ellos el Bloque Jorge Suárez Briceño, el Bloque Magdalena Medio comandante Gentil Duarte y el Frente comandante Raúl Reyes, y miembros de la Fuerza Pública, así como funcionarios del Estado.

Defensoría pide al Estado retirar del cargo a implicados en presuntos nexos con el EMBF

En un comunicado, el organismo pidió al Gobierno adoptar medidas inmediatas para proteger la integridad de las investigaciones y garantizar transparencia en el proceso de paz que se adelanta con este grupo armado.

La institución recordó que el presidente tiene la obligación de garantizar el orden público y la protección de la población, y que los procesos de paz son herramientas legítimas para avanzar hacia la superación del conflicto armado.

Sin embargo, enfatizó que los mecanismos excepcionales aplicados en el marco de estas negociaciones, como la suspensión de órdenes de captura, deben contar con estrictos controles para evitar su uso indebido.

El organismo citó el caso ocurrido en Anorí en julio de 2024, donde se descubrió que un delegado del EMBF en la mesa de paz, alias Calarcá Córdoba, habría trasladado personas sin autorización, además de dinero, armas y un menor de edad.

Este episodio, señala la Defensoría, reavivó las preocupaciones sobre las garantías y protocolos que deben regir las negociaciones.

“El hecho ocurrido en Anorí, en julio de 2024, generó dudas sobre el uso adecuado de la suspensión de las órdenes de captura por parte de alias “Calarcá Córdoba” y otros representantes en la mesa de paz. Esto se debe a que se verificó el traslado de integrantes del grupo armado que no contaban con dicha suspensión, así como el transporte de dinero, armas y un menor de edad”, se lee en el documento.

Según el comunicado, existe una distancia entre los compromisos públicos del EMBF y lo que ocurre en las regiones donde opera.

Aunque el grupo armado se comprometió a suspender el reclutamiento, concentrarse en una zona de ubicación y respetar el proceso electoral, la Defensoría advierte que, en la práctica, se evidencia una expansión territorial, un incremento del número de integrantes, la persistencia del reclutamiento de menores, entre otros.

Defensoría rechaza posibles nexos entre el EMBF y miembros de la Fuerza Pública

La Defensoría calificó como graves las revelaciones sobre posibles nexos entre el EMBF y miembros de la Fuerza Pública en diversas regiones del país, así como con funcionarios del Ministerio de Defensa y de la Dirección Nacional de Inteligencia.

De confirmarse, estos hechos no solo cuestionarían la voluntad de paz del grupo armado, sino la integridad del propio Estado en la conducción de un proceso que exige transparencia absoluta.

Por ello, pidió a la Fiscalía y a la Procuraduría adelantar investigaciones “con celeridad, independencia e imparcialidad”, y solicitó al Gobierno evaluar el retiro inmediato del cargo de quienes podrían estar involucrados, mientras avanza la investigación, para evitar interferencias o afectaciones a la veracidad del proceso.