Defensoría reporta más de 200 mil colombianos desplazados y confinados por el conflicto en 2025
La Defensoría del Pueblo advirtió que estas cifras, que han aumentado en lo corrido del año, demuestran que “la crisis humanitaria persiste en los territorios más vulnerables del país”.
Noticias RCN
06:06 p. m.
En Colombia, “101.474 personas se han desplazado de manera forzada” entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2025, mientras que “110.375 han tenido que confinarse debido al conflicto armado”, según el boletín de la Defensoría del Pueblo sobre las dinámicas de movilidad humana forzada en el país.
Durante este periodo se registraron 116 eventos de desplazamiento y 93 de confinamiento, que han vulnerado los derechos fundamentales de hombres, mujeres y niños.
Los departamentos de Norte de Santander, Nariño y Cauca concentran la mayor cantidad de casos de desplazamiento, mientras que Chocó, Cauca y Huila presentan los índices más críticos de confinamiento.
Defensoría pide medidas urgentes
La Defensoría del Pueblo advirtió que estas cifras, que han aumentado en lo corrido del año, demuestran que “la crisis humanitaria persiste en los territorios más vulnerables del país”. Ante este panorama, la entidad instó a la implementación urgente de políticas específicas de prevención y respuesta, con enfoque territorial y presencia efectiva del Estado.
Migración irregular y flujo inverso
El boletín también reveló que entre el 1 de enero y el 15 de noviembre “141.128 personas transitaron de forma irregular” en Colombia. Del total, el 40,41% son mujeres, el 38,27% hombres y el 21,32% niños, niñas y adolescentes. La mayoría proviene de Venezuela, con 136.950 casos, seguida de Ecuador, Perú y República Dominicana.
En el mismo periodo se registró un flujo de migración inversa: 19.134 migrantes ingresaron al país por la ruta La Miel (Panamá) hacia Capurganá, en Acandí (Chocó). De ellos, el 55,8% son hombres, el 25,3% mujeres y el 19% niños. Venezuela encabeza la lista de países con mayor flujo inverso, con 18.787 casos.
La Defensoría subrayó que estos fenómenos vulneran derechos fundamentales como la vida, la salud, la educación, el acceso al agua y al saneamiento básico, así como la vivienda digna y el medio ambiente sano.