Denuncian al abogado del expresidente Petro por caso Miguel Uribe
La queja disciplinaria sostiene que Carranza habría proyectado una imagen de representación institucional que no estaba respaldada por contratos o autorizaciones oficiales.
Una queja disciplinaria presentada ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial puso bajo la lupa al abogado Alejandro Carranza, apoderado del expresidente Gustavo Petro, por presuntamente actuar como representante del Estado colombiano ante organismos internacionales sin contar con la autorización correspondiente.
La denuncia fue radicada por Víctor Mosquera, abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay, y se centra en actuaciones relacionadas con el caso del atentado contra el dirigente político.
Según Mosquera, Carranza habría participado en 2025 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dentro del trámite de medidas cautelares relacionadas con el caso de Miguel Uribe Turbay.
Además, cuestiona una actuación posterior ante la Corte Penal Internacional, donde el jurista habría denunciado a alias Iván Mordisco utilizando la expresión “el Estado colombiano por intermedio de su presidente”.
Cuestionan presunta representación estatal ante organismos internacionales
La queja disciplinaria sostiene que Carranza habría proyectado una imagen de representación institucional que, según el denunciante, no estaba respaldada por contratos o autorizaciones oficiales. Para sustentar su argumento, Mosquera anexó documentos que, según afirma, evidenciarían la inexistencia de vínculos contractuales entre el abogado y entidades estatales para ejercer dicha representación.
De acuerdo con la denuncia, la Presidencia de la República certificó que no encontró contratos relacionados con esa labor; la Cancillería indicó que no tenía autorización para representar al Estado; mientras que la Fiscalía, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y otras entidades tampoco registraron contratos con ese propósito.
En el documento, Mosquera asegura que Carranza habría desarrollado un “patrón de conducta” orientado a atribuirse una investidura estatal para respaldar actuaciones que, en realidad, corresponderían a gestiones particulares. A juicio del abogado de la familia de Miguel Uribe, esto podría afectar la credibilidad de las actuaciones oficiales del Estado ante organismos internacionales.
Frente a estos señalamientos, Alejandro Carranza aseguró que sus actuaciones se realizaron a título particular y no en representación del Estado colombiano. Asimismo, manifestó que está dispuesto a acudir a las instancias judiciales que lo requieran para explicar su actuación.
También apelan decisión de la JEP sobre alias Yaco
En otro desarrollo relacionado con el caso de Miguel Uribe Turbay, se conoció una apelación presentada ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra la decisión de revocar la libertad de alias Yaco, señalado por la Fiscalía como uno de los presuntos autores intelectuales del atentado.
La solicitud cuestiona que el compareciente continúe conservando beneficios dentro de la jurisdicción transicional pese a que, según los argumentos expuestos en la apelación, habría reincidido en actividades criminales. Los promotores del recurso también piden que se revise la permanencia de alias Yaco dentro de la JEP y plantean que su caso debería ser asumido por la justicia ordinaria.
La apelación fue radicada ante la Sala de Amnistía o Indulto y busca que se analice si el señalado puede seguir accediendo a los beneficios otorgados por el sistema de justicia transicional mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en el atentado contra Miguel Uribe Turbay.