Se han registrado 1,5 millones de desplazados desde la firma del acuerdo de paz con las Farc

En el marco del octavo aniversario del acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) presentó un informe alarmante sobre el desplazamiento forzado en el país.

La organización reveló que, desde 2016, al menos 1,5 millones de personas han sido obligadas a abandonar sus hogares debido a la persistencia del conflicto armado.

A pesar de la reducción inicial en las cifras de violencia, la situación ha empeorado en los últimos años debido a la expansión de grupos disidentes, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y organizaciones criminales como el Clan del Golfo.

Desplazamiento forzado en Colombia alcanza 1,5 millones de personas desde el acuerdo de paz con las Farc

El acuerdo de paz firmado en 2016 fue un momento crucial en la historia. Bajo la administración de Juan Manuel Santos, la guerrilla más antigua del continente dejó las armas y se convirtió en un partido político.

Sin embargo, el panorama actual dista mucho de la paz prometida pues las comunidades más afectadas por la violencia continúan viviendo en un estado de vulnerabilidad constante, especialmente en regiones apartadas donde la presencia del Estado es casi inexistente.

Según Giovanni Rizzo, director del NRC en Colombia, las cifras de desplazamiento forzado son un reflejo de la frágil situación en la que se encuentra el país.

Si el desplazamiento fuera un termómetro de la paz, entonces la salud de Colombia estaría fallando.

El informe revela que en 2016, año en que se firmó el acuerdo, unas 130.000 personas fueron desplazadas. Ocho años después, en 2024, esa cifra ya supera las 260.000, lo que indica un aumento preocupante en los últimos años.

¿Por qué han aumentado las cifras de desplazamiento tras la firma del acuerdo de paz?

El resurgimiento de la violencia está vinculado principalmente a la acción de grupos disidentes de las Farc que no aceptaron el proceso de paz y que, desde entonces, han crecido tanto en número como en capacidad armamentística.

Estos grupos, junto al ELN y organizaciones criminales como el Clan del Golfo, luchan por el control de territorios estratégicos para la producción de coca y la minería ilegal.

Las zonas más afectadas son aquellas con escasa presencia estatal, donde las autoridades no han logrado establecer un control efectivo. Las comunidades rurales, en particular, son las más vulnerables, viéndose obligadas a abandonar sus tierras para escapar de la violencia.

La falta de intervención gubernamental en estas regiones ha permitido que los grupos armados continúen operando con impunidad, lo que perpetúa el ciclo de desplazamiento.

Otro factor que ha generado críticas es la implementación de la justicia transicional, especialmente el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta entidad, creada para juzgar los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, aún no ha emitido su primera sentencia, generando descontento entre las víctimas y la opinión pública.

Finalmente, el informe del NRC concluye con un llamado urgente a las autoridades para detener el desplazamiento forzado y proteger a las comunidades más vulnerables.

Esta tendencia al alza no puede continuar. Debe detenerse de inmediato.