Cayó el 'Cartel de los Hospitales': destapan millonarios desvíos de fondos de salud

Este 25 de octubre, la Procuraduría General de la Nación hizo pública la existencia de una red de corrupción que involucra a funcionarios de diferentes Empresas Sociales del Estado (ESE), abogados y jueces.

La estructura, bautizada como el ‘Cartel de los Hospitales’, estaba dedicada a desviar recursos de la salud a través de cobros coactivos que vulneraban las normas de inembargabilidad de estos fondos.

Esta alerta inicial se dio a conocer después de que el Ministerio Público trasladara los casos a la Fiscalía General de la Nación, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y a los operadores disciplinarios de las ESE, buscando frenar estas prácticas ilegales y poner bajo investigación a los responsables.

Destapan red de funcionarios que desviaban millonarios fondos de salud

La investigación comenzó en 2023, cuando la Procuraduría General de la Nación emitió la Circular 02, en la cual advertía sobre la existencia de embargos irregulares que comprometían fondos destinados a la seguridad social en salud.

Estos, por disposición constitucional, gozan de inembargabilidad para proteger la prestación de los servicios de salud, salvo excepciones muy limitadas establecidas por la Corte Constitucional.

A pesar de ello, los embargos avanzaban con la participación de representantes legales de las ESE y el aval de algunos jueces de la república, quienes emitían órdenes y resoluciones administrativas contrarias a la ley, autorizando estas retenciones.

En este sentido, la Procuraduría identificó que estos embargos, impulsados de manera coordinada y reiterada en diversas ESE, violaban las normas que regulan la administración de los fondos de salud.

Los procedimientos de cobro coactivo, que en su mayoría deberían haberse tramitado por vías alternativas, fueron utilizados ilegalmente para desviar los recursos de las entidades encargadas de administrar el sistema de salud.

Esta situación fue documentada por la Procuraduría, que trasladó la información a la Fiscalía y a la Dijin, la cual asignó un grupo especializado en delitos de corrupción para investigar las redes y conexiones que permitían que estos fondos fueran embargados y apropiados.

¿Qué hallaron tras la investigación al 'Cartel de los Hospitales'?

Uno de los elementos más críticos de este esquema de corrupción fue la existencia de un grupo de abogados que, actuando como asesores de los representantes legales de las ESE, lograban obtener hasta un 30% de los recursos que eran indebidamente recaudados a través de estos cobros.

Este ‘cartel de abogados’ aprovechaba los vacíos y omisiones en los controles internos para asegurar su remuneración, la cual se extraía de fondos parafiscales destinados exclusivamente a cubrir gastos en el sector salud.

El ente de control también informó a las autoridades que estos recursos, por su naturaleza y destinación exclusiva, nunca debían ser embargados, situación que los abogados y funcionarios implicados ignoraron deliberadamente.

Todo cobró mayor gravedad debido a la implicación de jueces, quienes emitieron sentencias y actos administrativos que permitían estos embargos, a pesar de que eran conscientes de la inembargabilidad de los recursos involucrados.

Este uso indebido del aparato judicial para asegurar el embargo de recursos protegidos por la ley reflejó la dimensión de la corrupción dentro del ‘Cartel de los Hospitales’, y provocó que la Procuraduría alertara tanto a la Fiscalía como a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial sobre estas irregularidades.

Además, se advirtió sobre la práctica de emitir providencias o actos administrativos en los que se ordenaba el embargo de recursos que, por ley, son destinados a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a la Administración de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES).

Finalmente, la entidad hizo un llamado a la Superintendencia Financiera de Colombia para que instruyera a las entidades financieras bajo su vigilancia en relación con estos procedimientos.

Como resultado, la Superintendencia expidió la Circular 052 de 2024, la cual instruye a los bancos y otras entidades financieras a tomar precauciones adicionales y fortalecer los mecanismos de control para evitar su participación en estos embargos ilegales.