Detienen a tres policías por muerte y presunta tortura de un detenido en Jamundí
Además, la Fiscalía vinculó al proceso a un agente en retiro. Los hechos habrían sucedido en febrero del presente año.
Noticias RCN
09:05 a. m.
La Fiscalía General de la Nación habló sobre la judicialización de tres integrantes activos y uno en retiro de la Policía Nacional que estarían involucrados en la muerte de un privado de la libertad en Jamundí, Valle del Cauca el 12 de febrero de este 2024.
“Se trata del intendente Juan Carlos Jimeno Monzón, los patrulleros Nilton Darío Muñoz Campo y Sergio Andrés Jiménez Díaz, y el patrullero en retiro Andrés Felipe Rincón Fierro”, informó el ente investigativo.
A estos cuatro hombres les fueron imputados los delitos de homicidio y tortura, ambas conductas agravadas, sin embargo, los cargos no fueron aceptados.
¿Qué habría pasado con la muerte de un privado de la libertad en Jamundí?
Según la Fiscalía, el joven habría fallecido cuando se encontraba bajo custodia de la Policía de Jamundí.
Al parecer, el joven se habría escapado de la estación de Policía y, cuando fue encontrado por las autoridades, fue sometido a torturas.
“Los hoy procesados la habrían llevado esposada a la estación de policía, golpeado, atacado con una pistola taser y asfixiado poniéndole una bolsa plástica en la cabeza”, dice la Fiscalía.
Según el ente acusador, el joven se encontraba en estado de indefensión y fue agredido frente a otros privados de la libertad, con la posible complacencia del entonces jefe de guardia, el intendente Jiménez Monzón.
Un juez de control de garantías, impuso a Muñoz Campo y Rincón Fierro medida de aseguramiento en centro carcelario. Por su parte, Jimeno Monzón y Jiménez Díaz continuarán vinculados al proceso.
Mayor de la Policía en Medellín fue capturado por exigir pagos irregulares a comerciantes
A mediados de noviembre, fue capturado un mayor de la Policía que se había desempeñado como el anterior comandante de la estación de policía El Poblado en Medellín. La captura se materializó después de meses de investigación adelantada por la Justicia Penal Militar y la Fiscalía General de la Nación.
Al parecer el mayor, en compañía de otro uniformado, había exigido dinero a comerciantes a cambio de no cerrarles sus establecimientos.