Distrito asegura que había alertado situación en Sumapaz, pero que Defensoría no intervino

Claudia López y Carlos Camargo - Fotos Archivo Noticias RCN

La alcaldesa Claudia López señaló la situación en la localidad en marzo del 2021, haciendo un llamado al Gobierno y la Defensoría para atenderla.


Noticias RCN

feb 25 de 2022
05:16 p. m.

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El pasado jueves, la Defensoría del Pueblo dio a conocer la Alerta Temprana 005 de 2022 en la que advierte los peligros para la población de la localidad de Sumapaz por la disputa entre Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) para tomar control de la zona en una reacomodación de las dinámicas criminales.

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Sin embargo, desde la Alcaldía de Bogotá, pese a reconocer el pronunciamiento, señalan que este llega un año después de que ellos lo hicieran por medio de la alcaldesa Claudia López. 

En marzo de 2021, la mandataria presidió un Consejo de Seguridad con la Brigada XVIII del Ejército, la Policía y diferentes secretarías del Distrito luego de que se presentaran algunos hechos violentos. En esa ocasión, la alcaldesa hizo un llamado a las autoridades nacionales, entre ellas el Ministerio de Defensa y la Defensoría, además de las gobernaciones de Cundinamarca y Tolima, para trabajar de manera conjunta y mantener la paz en una región primordial para la administración distrital.

Además, denunció que lo sucedido tenía que ver con una disputa entre Grupos Armados Organizados Armados Residuales en el territorio, uno comandado por Gentil Duarte e Iván Mordisco, y el otro por Iván Márquez y Jesús Santrich denominada La Nueva Marquetalia.

“A pesar de las dificultades y de la tristeza de los hechos más recientes, la única manera de trabajar y avanzar es mantener en firme el compromiso de cumplir los Acuerdos de Paz”, manifestó la alcaldesa en su momento haciendo énfasis en la importancia que tiene Sumapaz para la construcción de una paz duradera y estable.

Asimismo, la mandataria envió en su momento una carta al presidente Iván Duque en la que mostró su preocupación por la situación de seguridad en esta localidad y le hizo una invitación para unir esfuerzos y trabajar en la inversión social como mecanismo para evitar repetir su historia de conflicto armado y violencia.

“Entre más se incumplan los Acuerdos de Paz, mayor es el riesgo de que haya inseguridad. Dos ciudadanos de Sumapaz que se negaron a intimidaciones de estas disidencias fueron asesinados en Sumapaz. No podemos permitir que el conflicto armado vuelva a Colombia y a Bogotá”, añadió la mandataria en marzo de 2021 luego de reunirse con autoridades nacionales y con la Fuerza Pública.

Denuncia de la Defensoría 

La Defensoría del Pueblo advirtió un reacomodamiento de las dinámicas criminales en la región del Sumapaz por cuenta de una puja entre las facciones disidentes de las Farc (‘Gentil Duarte’ y ‘Nueva Marquetalia’), que buscan controlar este corredor estratégico y las vías de acceso a la ciudad de Bogotá mediante el uso de la violencia, lo que vulnera los derechos fundamentales de la población.

Así lo explicó el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, al presentar la Alerta Temprana 005 de 2022 para la región del Sumapaz, en la cual se advierte riesgo de afectación a la población de la Localidad 20 de Sumapaz, en Bogotá; los municipios de Cabrera, Venecia, Pandi, San Bernardo, Arbeláez, Fusagasugá, Pasca, Tibacuy, Silvania y Viotá, en Cundinamarca, e Icononzo, en Tolima.

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Desde el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), la Defensoría del Pueblo encontró que hay riesgo de que se comentan delitos como el reclutamiento forzado, uso y utilización de menores de edad, constreñimiento a la población en proceso de reincorporación y el transporte de armamento, municiones, mercancías y personal. Además, desde el SAT se ha identificado que los disidentes entregan panfletos, amenazan e imponen horarios y conductas a la comunidad que habita estas zonas.

“Les solicito a las autoridades de las zonas advertidas adelantar las acciones necesarias que impidan el reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas y adolescentes, así como el constreñimiento a las personas en proceso de reincorporación que pretende su reingreso a las organizaciones armadas. En general, resulta fundamental impedir cualquier tipo de vulneración a los derechos humanos, particularmente de las comunidades que viven en estas zonas”, señaló el Defensor del Pueblo.

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