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Distrito denuncia vulneración de los derechos de niños y niñas embera en Bogotá

Foto: Comunidad embera en Bogotá - cortesía

Al parecer aproximadamente 290 menores de edad de esta comunidad están siendo puestos en riesgos de salud y vida debido a varias exigencias.


Noticias RCN

nov 18 de 2021
07:57 a. m.

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Miembros de la comunidad embera que están ocupando el Parque Nacional en Bogotá, piden ciertas condiciones para efectuar su traslado a otras zonas. A su vez, el Distrito denuncia que aproximadamente 290 menores de edad de esta comunidad están siendo puestos en riesgos de salud y vida debido a estas exigencias.

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Los diálogos entre la comunidad embera y el Distrito se encuentran estancados, pues los miembros de esta exigen contratos para ellos mismos por un valor de 114 millones de pesos, y por otro lado, la financiación de ollas comunitarias por $104 millones, para un total de $218 millones de pesos. 

El Distrito denunció ante la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto de Bienestar Familiar (ICBF), la presunta vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes de los que están en el Parque Nacional y solicitó que se proceda con la debida inmediatez a verificar y a restablecer los derechos de los menores.

El subsecretario de Gobierno, Daniel Camacho, afirmó que desde el 29 de septiembre, día en que inició la ocupación, 29 niños y niñas han sido trasladados a centros hospitalarios, cuatro niños y dos adultos continúan hospitalizados, 26 mujeres embarazadas se encuentran en riesgo y se han atendido tres partos en condiciones precarias.

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“Lo que estamos viendo allí es una clara vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, combinada con intereses políticos y económicos, exponiéndolos a todo tipo de enfermedades, al sol y al agua y condicionando su traslado a cambio de contratos y ollas comunitarias como si estuvieran en campaña. Ayer mismo hicimos la denuncia ante el ICBF y la Policía de Infancia y adolescencia", indicó Camacho. 

El Distrito hizo un llamado al Ministerio Público y a las autoridades administrativas, en especial al ICBF, a privilegiar los derechos de los niños con acciones que realmente resuelvan la difícil situación por la que están pasando.

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