Docentes víctimas de extorsión en Barranquilla son obligados a pagar “vacuna” todos los días
Los profesores están siendo obligados a entregar cuotas diarias a bandas de extorsión para poder llegar a sus puestos de trabajo.
Noticias RCN
08:44 a. m.
Profesores de Barranquilla denuncian que para llegar a algunas instituciones de la ciudad a cumplir con sus labores tienen que pagar una cuota diaria, producto de la extorsión.
Estas vacunas son de hasta $2.000 diarios para poder acceder a las escuelas ubicadas en zonas vulnerables.
Los docentes de los barrios La Luz, Latinita, Rebolo, 7 de Abril, Santo Domingo y Carrizal estarían siendo víctimas de delincuentes que exigen estos pagos todos los días, de los contrario, los amenazan con atentar contra sus vidas.
Profesores obligados a pagar “vacuna” en Barranquilla
Ni los docentes se salvan de la inseguridad en Barranquilla. En las últimas horas, se hizo pública una ola de extorsiones en zonas vulnerables.
Según denuncias recientes, profesores que dan clase en barrios del suroriente y suroccidente de la ciudad están siendo obligados a pagar entre $1.000 y $2.000 pesos diarios a bandas delincuenciales para poder acceder a sus lugares de trabajo.
La Asociación de Educadores de Barranquilla alertó sobre estos pagos forzados o "vacunas" que representan una carga económica significativa para los docentes, quienes podrían estar destinando hasta $40.000 pesos mensuales solo para poder ejercer su profesión.
Intensifican operativos para evitar extorsiones a profesores
Tras conocerse este delicado caso, las autoridades informaron que, en un trabajo conjunto entre varias dependencias de la Alcaldía de Barranquilla, la Policía Nacional y la Secretaría de Educación, se ha comenzado a implementar medidas para brindar la seguridad a los educadores.
"Tengamos claro que los docentes no se tocan, los colegios son los entornos donde están nuestros niños y hemos trabajado de manera preventiva y correctiva con la Policía Nacional", dijo Paola Amara, secretaria de Educación de Barranquilla.
El impacto de estas extorsiones va más allá del aspecto económico, puesto que representa una amenaza directa al derecho a la educación y la seguridad de profesores y estudiantes de estas zonas vulnerables.