El desfalco en Alcaldía de Pereira por parte de 'El Cartel de las Cesantías'
Su modus operandi era expedir resoluciones de pago en la que eran liquidadas cesantías a nombre de distintas personas con valores diferentes a los reales.
Noticias RCN
05:12 p. m.
Dos mil millones de pesos sería el monto que habría desfalcado un grupo de funcionarios públicos de la Alcaldía de Pereira en lo que las autoridades han denominado "El Cartel de las Cesantías".
Su modus operandi consistía en expedir resoluciones de pago en la que eran liquidadas cesantías a nombre de distintas personas con valores que no correspondían a los reales, los hechos se habrían repetido en al menos 46 oportunidades donde cada uno de los miembros de esta apropiación ilegal tenía un rol dentro de la organización.
La fiscal y directora seccional de Risaralda, Ángela María Bedoya Vargas señaló que "se cree además que los procedimientos ilícitos fueron alcanzados induciendo al engaño a funcionarios de nivel superior para que aprobaran con sus firmas los respectivos procesos administrativos".
Ahora bien, de acuerdo con la investigación se identificaron en total 13 funcionarios y exfuncionarios que estarían involucrados en la falsificación de documentos para el cobro del dinero, donde sólo fueron capturadas siete personas.
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Carlos Maya, alcalde de Pereira aseguró que “en los procesos periódicos y repetitivos de la liquidación de cesantías, se transfería a los fondos los recursos pertinentes; no obstante, en un ejercicio de constatación, evidenciamos que el valor liquidado individual de algunos funcionarios, no coincidía con el valor que había girado al fondo de cesantías, lo más sorprendente es que cuando empezamos a corroborar, esos mismos funcionarios habían ido a los fondos a retirar los recursos por sumas superiores al valor liquidado”.
Pese a que la fiscalía solicitó medidas de aseguramiento en contra de los procesados, jueces de control de garantías consideraron que no se configuraban las condiciones para ordenarlas y dispusieron que los investigados continúen vinculados al proceso en libertad, decisión que fue apelada por la fiscalía.