El presidente Gustavo Petro le respondió al Congreso de Perú que lo acusaría de "intromisión"

Gustavo Petro, presidente de Colombia / Foto: AFP.

El mandatario colombiano se pronunció frente a la moción de rechazo que aprobó el parlamento peruano por su presunta injerencia en asuntos internos.


Noticias RCN

dic 28 de 2022
10:20 p. m.

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En horas de la tarde de este miércoles 28 de diciembre, el presidente Gustavo Petro se pronunció frente a la decisión del Congreso peruano de aprobar una moción de rechazo contra el jefe de Estado colombiano y su homólogo de México Andrés Manuel López Obrador por los cuestionamientos  sobre el proceso de Pedro Castillo tras el intento de golpe de Estado del pasado 7 de diciembre que terminó con su destitución de la Presidencia y la privación de su libertad.

La moción fue aprobada con 61 votos a favor, de los 130 legisladores con los que cuenta el Congreso peruano y se produce días después de que ambos mandatarios, junto a los de Bolivia, Luis Arce, y Argentina, Alberto Fernández, aseguraran que el exmandatario Pedro Castillo enviaran un comunicado en respaldo a Pedro Castillo, además de hacer un llamado a respetar la voluntad ciudadana que lo elegió por voto popular.

Ante esta eventualidad, Petro publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en que expone los argumentos que respaldan su rechazo a la situación política que atraviesa Castillo.

"El artículo 23 de la convención americana establece como derecho político elegir y ser elegido. Para quitar este derecho se necesita sentencia de juez penal. Tenemos un presidente en suramérica elegido popularmente sin poder ejercer su cargo y detenido sin sentencia de juez penal".

Al mismo tiempo, se refirió la violación de la convención americana de DDHH es manifiesta en el Perú. No puedo pedirle al gobierno venezolano que reingrese al sistema ineteramericano de DDHH y al mismo tiempo aplaudir que dicho sistema se viole en el Perú.

En contexto: Dina Boluarte llamará a Petro para aclarar lo que realmente que está ocurriendo en Perú

Pedro Castigo exige su libertad 

El destituido presidente peruano Pedro Castillo, preso acusado de rebelión, solicitó a un tribunal de apelaciones su libertad y rechazó haber cometido delitos cuando intentó dar un autogolpe de Estado el 7 de diciembre.

"Pido cese el odio y solicito mi libertad por ser un justo derecho. Jamás he cometido un delito de rebelión", dijo Castillo, durante una audiencia virtual.

La defensa de Castillo pide que se revoque la prisión preventiva de 18 meses que el expresidente cumple en una prisión de una base policial en Lima. La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que lidera el juez César San Martín, debe resolver la solicitud este miércoles.

Señor juez, yo no he cometido ningún delito de conspiración, pero quien ha conspirado es el Congreso y otras instituciones con la finalidad de armar un plan sobre la caída de mi gobierno a través de sucesivos pedidos de vacancia y otras artimañanas, agregó el exmandatario.

El expresidente lucía un bigote crecido y estaba acompañado de su abogado.

Castillo, un maestro rural y líder sindical izquierdista, dijo estar incomunicado y pidió al juez que se le otorgue acceso a un teléfono para contactar con su esposa y dos hijos, que partieron asilados a México la semana pasada.

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En contexto

El expresidente fue destituido constitucionalmente por el Congreso y se encuentra recluido bajo condiciones legales y sin complicaciones físicas, según la Defensoría del Pueblo, que lo visitó hace una semana junto a un equipo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Castillo, de 53 años, está recluido en el penal Barbadillo, dentro del cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes) en la capital.

Es investigado por el delito de rebelión y conspiración por tratar de cerrar el Congreso, intervenir los poderes públicos y gobernar por decreto. La maniobra no tuvo respaldo institucional.

La policía lo detuvo horas después de su destitución, cuando intentaba llegar a la embajada de México para solicitar asilo. Asumió el gobierno su vicepresidenta, Dina Boluarte. 

La caída de Castillo desató violentas protestas que dejaron 22 muertos y más de 600 heridos en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Los manifestantes pedían la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el adelanto de elecciones. 

En un intento de mitigar la crisis, el Parlamento aprobó hace una semana avanzar los comicios generales de 2026 a abril de 2024.

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