Empleadas domésticas temen despidos e informalidad por el aumento del salario mínimo

El alza del salario mínimo, que superó el 23 %, continúa generando efectos secundarios de gran impacto en distintos sectores de la economía, y uno de los más sensibles es el del servicio doméstico. Aunque el incremento busca mejorar el ingreso de los trabajadores, en la práctica también ha despertado preocupación entre empleadores y empleados por las implicaciones reales que tiene sobre los costos laborales y la estabilidad del empleo formal.

Con el ajuste decretado, el salario mínimo legal vigente quedó en $1.746.882, al que se suma el auxilio de transporte de $249.095, lo que significa que un trabajador doméstico de tiempo completo recibe un ingreso mensual de $1.995.977, sin incluir prestaciones sociales. Si bien esta cifra representa una mejora directa en el ingreso del trabajador, el panorama cambia sustancialmente cuando se analizan los costos totales que debe asumir quien contrata legalmente.

El costo real de un trabajador doméstico para el empleador

Más allá del salario y el auxilio de transporte, el empleador debe cubrir una serie de obligaciones legales que incluyen salud, pensión, riesgos laborales, primas, cesantías y vacaciones. Al sumar todos estos conceptos, el valor real que representa un trabajador doméstico formal para el empleador asciende aproximadamente a $3.025.000 mensuales.

Este monto ha generado inquietud en miles de hogares colombianos que dependen del servicio doméstico, especialmente en un contexto de aumento generalizado del costo de vida. Para muchas familias de ingresos medios, asumir un gasto superior a los tres millones de pesos mensuales resulta cada vez más difícil, lo que pone en riesgo la continuidad de estos empleos bajo condiciones formales.

Temor por aumento de informalidad y pérdida de empleos

Desde el sector del servicio doméstico, la preocupación es creciente. Trabajadoras y organizaciones que las representan advierten que el incremento del salario mínimo, aunque positivo en el papel, podría tener un efecto contrario al esperado si no va acompañado de medidas que faciliten la formalización.

El principal temor es que se registre un aumento de la informalidad, con empleadores que opten por no realizar aportes completos a la seguridad social o por contratar por días sin cumplir todas las obligaciones legales. En otros casos, el escenario podría derivar en despidos o reducción de jornadas, afectando directamente los ingresos y la estabilidad laboral de miles de trabajadoras domésticas.

Expertos en temas laborales señalan que el desafío está en encontrar un equilibrio entre la protección del ingreso del trabajador y la capacidad real de pago del empleador, especialmente en sectores donde el empleo no depende de empresas, sino de hogares. Sin estrategias de apoyo, incentivos o alivios en las cargas laborales, el riesgo de exclusión del sistema formal se incrementa.

Mientras tanto, el debate continúa abierto. El aumento del salario mínimo ya es una realidad, pero sus efectos siguen desplegándose en la economía cotidiana, dejando en evidencia que las decisiones salariales, aunque necesarias, requieren políticas complementarias para evitar impactos negativos en el empleo y la formalización laboral.