En segundo debate del Senado fue aprobada la ratificación del Acuerdo de Escazú, ¿en qué consiste?
Con 74 votos a favor y 22 en contra, se aprobó en el Senado la ratificación de este proyecto regional que busca proteger a los defensores del medio ambiente.
Noticias RCN
03:57 p. m.
Este 26 de julio se aprobó, en segundo debate del Senado, la ratificación del Acuerdo Regional de Escazú, con 74 votos a favor y 22 en contra, tras una agitada sesión en donde se discutió la ponencia del senador Iván Cepeda para priorizar el tema, en contraste con la proposición de María Fernanda Cabal para archivar el proceso.
Esta última propuesta de la congresista del Centro Democrático fue negada con 80 votos, luego de que la bancada uribista asegurara que la firma de este acuerdo representaría un “debilitamiento a la soberanía” colombiana.
Con pañuelos naranjas en los que se leía “Escazú Ahora”, los congresistas a favor de la ratificación de este acuerdo, compuesto por países de América Latina y el Caribe, expusieron como la aprobación de este proyecto de ley es una parte “prioritaria para la agenda ambiental del país”.
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¿Qué es el Acuerdo Regional de Escazú?
Este acuerdo fue adoptado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo del 2018, con el objetivo de garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y la protección de los y las defensoras del medio ambiente.
A grandes rasgos, la ratificación de este acuerdo incluiría a Colombia en las obligaciones de proteger el medio ambiente, incluir a la población en la toma de decisiones sobre ecosistemas y recursos naturales, además de la protección de líderes y lideresas ambientales en todo el país.
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La importancia del Acuerdo de Escazú radica además en el establecimiento de objetivos para garantizar el acceso a la información ambiental, además de la inclusión de las comunidades en los procesos de consulta para la toma de decisiones.
Asimismo, el acuerdo establece que las poblaciones pueden acudir a la justicia por casos de afectaciones al medio ambiente, y compromete al Estado en la implementación de medidas de defensa de los derechos humanos de los defensores del medio ambiente, los pueblos indígenas y las comunidades locales.