"Es necesario un llamado a juicio": Iván Cepeda tras decisión en caso Álvaro Uribe
El senador Iván Cepeda, acreditado como víctima en el proceso contra Álvaro Uribe, se refirió a la decisión de negar la preclusión del caso.
Noticias RCN
08:25 p. m.
Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá negara la preclusión del proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez por los cargos de soborno a testigos y fraude procesal, el senador Iván Cepeda, víctima acreditada, aseguró que esta es una decisión contundente de la justicia. Además, señaló que tanto él como las otras víctimas del proceso consideran que es necesario un llamado a juicio.
“Uno por uno los hechos jurídicamente relevantes han sido expuestos y ha sido demostrado de manera clara que no existen ningún tipo de bases serias para no ir a la instancia del juicio”.
Cepeda se refirió también al papel de la Fiscalía durante los tres años que ha estado a cargo del proceso. Dijo que tanto el fiscal general Francisco Barbosa como la procuradora Margarita Cabello se han estado a favor de las pretensiones de la defensa de Uribe.
“En estos tres años el fiscal Francisco Barbosa ha hecho esfuerzos sostenidos, permanentes, por intentar evitar que este proceso llegue a la instancia de un llamado a juicio (…) En todo este tiempo la señora procuradora Margarita Cabello ha acompañado los esfuerzos ingentes del fiscal Barbosa y sus delegados en este proceso”.
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Iván Cepeda pide designar nuevo fiscal para el caso Álvaro Uribe
El senador solicitó a la Fiscalía proceder cuanto antes a nombrar a un nuevo fiscal que elabore el escrito de acusación contra el exmandatario.
“(…) con la totalidad de hechos jurídicamente relevantes delimitados por la Sala Especial de Instrucción de la Honorable Corte Suprema de Justicia, los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida que obra en el expediente de manera íntegra y las consistentes y robustas decisiones adoptadas en este proceso por los jueces de la República”.
También solicitó al ministerio público, en nombre de las víctimas, designar un nuevo representante para que “intervenga en la actuación procesal en defensa del orden jurídico y vigile que se respeten las garantías fundamentales, entre ellas, el debido proceso y los derechos de las víctimas”