¿Es sostenible la política de seguridad del Gobierno Nacional pese a la muerte de menores reclutados?
Jorge Restrepo, director del Celac, analizó en La Mesa Ancha los más recientes bombardeos a disidencias de las Farc en los que 15 menores murieron.
El Gobierno Nacional enfrenta un intenso debate por la muerte de al menos 15 menores de edad en bombardeos contra disidencias de las Farc, información que se mantuvo reservada hasta que la Defensoría del Pueblo la reveló públicamente.
La controversia se agrava por la paradoja política de que quienes rechazaron estas acciones militares en gobiernos anteriores hoy las defienden desde el poder.
Según Jorge Restrepo, director del Centro de investigación y estudios sobre conflictos armados, violencia armada y desarrollo, Cerac, la situación plantea responsabilidades diferenciadas entre el reclutamiento por parte de grupos armados y el bombardeo de menores. "No hay que poner en el mismo plato, digamos, como si fuera una balanza, ambas responsabilidades", señaló en La Mesa Ancha.
Expertos rechazan justificación oficial y recuerdan el precedente de 2019 con Guillermo Botero
"Se trata de reprochar que hayan muerto menores de edad, niños, niñas y adolescentes, por causa de una acción de la fuerza pública. Eso no debería ocurrir en Colombia". Sin embargo, advirtió que esto "no exime en ningún caso de la responsabilidad que tienen los grupos armados de cesar por completo el reclutamiento y la utilización de menores de edad".
La controversia aumentó cuando el ministro de Defensa sugirió que las víctimas "no eran niños", argumento rechazado por expertos de La Mesa Ancha. "Estos niños no tomaron esa decisión, fueron obligados a tomarla y por eso son niños, son menores de edad", explicó Restrepo.
El debate recuerda el caso de 2019 cuando el entonces ministro de Defensa del gobierno de Iván Duque, Guillermo Botero, renunció tras revelarse la muerte de menores en bombardeos similares, situación que fue ampliamente criticada por quienes hoy integran el gobierno.
La falta de transparencia constituye otro punto crítico. El Gobierno Nacional no informó sobre estas muertes hasta que fueron reveladas externamente, "utilizando exactamente los mismos argumentos" que criticaron en administraciones anteriores, señaló un analista político "El presidente Petro según el candidato Petro de 2021 es un criminal de guerra, debería renunciar", agregó, evidenciando la contradicción discursiva.
Expertos cuestionan la efectividad de las operaciones. "Probablemente no hubo un buen trabajo de inteligencia. Probablemente se pudo hacer más", indicó uno de ellos, agregando que 15 menores fallecidos no puede considerarse un error operativo.
"La política de seguridad no se hace con discursos, no se hace con declaraciones de principios", advirtieron, señalando que debe sustituirse la acción militar por acciones de justicia cuando hay menores involucrados.
Cuestionamientos tras la compra de aviones Gripen
Paralelamente, el gobierno anunció la compra de aviones Gripen por 16 billones de pesos, decisión cuestionada por la crisis fiscal del país. "Colombia está pasando por una crisis fiscal que nos va a tomar décadas resolver", advirtió Julio César Iglesias, señalando que los recursos podrían destinarse a sectores como salud o vivienda.
Además, existen dudas sobre la transparencia del proceso, realizado con una empresa privada sueca, mientras la primera dama reside en ese país.