¿Es viable un estado de conmoción para frenar la crisis en el Catatumbo?

El Catatumbo está enfrentando una crisis humanitaria y de seguridad marcada por el control de grupos armados ilegales, desplazamientos masivos y la ausencia del Estado en el territorio.

Ante la gravedad de la situación, el Gobierno evalúa la posibilidad de decretar un estado de conmoción interior, una medida contemplada en la Constitución colombiana para enfrentar alteraciones graves del orden público.

En La Mesa Ancha de Noticias RCN, varios analistas discutieron los posibles escenarios, las implicaciones legales y políticas de esta medida, así como su efectividad para abordar el conflicto en esta región.

¿Es viable un estado de conmoción para frenar la crisis en el Catatumbo?

Víctor G. Ricardo, ex embajador, ex alto comisionado para la paz y ex ministro, explicó que el estado de conmoción es una herramienta jurídica que permite al Gobierno central asumir facultades extraordinarias durante 90 días, con posibilidad de extensión mediante consulta.

Este mecanismo, dijo, está diseñado para responder a crisis excepcionales que alteran significativamente el orden público.

Sin embargo, Ricardo destacó que no se trata solo de activar la medida, sino de planificar cuidadosamente su implementación:

Lo importante aquí es que miremos y tengamos previsto qué se va a hacer con el estado de excepción, no que busquemos un estado de excepción y de pronto comiencen a dictarse normas para otros objetivos o de otros temas que no son los que realmente estamos en este momento viviendo en la crisis del Catatumbo.

Según el analista, la clave está en que el Gobierno use esta herramienta exclusivamente para atender la situación crítica en la región, evitando desviar su propósito hacia otros fines.

¿Es una solución o una forma de apaciguar el conflicto por un corto tiempo?

Juana Afanador, enfatizó que aunque el estado de conmoción podría responder a la urgencia, su alcance es limitado si no se acompaña de medidas a largo plazo:

Sabemos que así se maneja la urgencia, pero si no se toman unas medidas de presencia del Estado a mediano y a largo plazo vamos a volver exactamente a lo mismo que estamos viviendo. Se puede tomar una medida constitucional, pero no va a resolver la crisis profunda que vive el Catatumbo.

Para ella, la solución requiere una estrategia integral que garantice el fortalecimiento institucional y el desarrollo social en la región, más allá de las medidas excepcionales.

También advirtió que decretar un estado de conmoción podría despertar temores en la población, dado el historial de abusos en contextos similares.

¿Por qué siendo un Gobierno contrario a estas medidas se está planteando su implementación?

Por otro lado, Julio Iglesias, llamó la atención sobre la aparente contradicción ideológica de un Gobierno de izquierda considerando esta medida:

Muy curioso que sea un gobierno de izquierda. La izquierda colombiana ha criticado históricamente los estados de conmoción, los estados de excepción. Han sido críticos feroces de este tipo de medidas y que ahora le toque tomar esa medida, que yo no creo que ni de lejos es una solución estructural.

Iglesias resaltó que el estado de conmoción, aunque podría restablecer mínimos de orden público, no soluciona las causas profundas del conflicto en el Catatumbo.

Según él, la prioridad debe ser garantizar que la población civil no siga siendo víctima de los enfrentamientos.

Es decisión del gobierno retomar el control del orden público, de unos mínimos, para que la población civil no siga siendo encarada por los actores armados. Sin embargo, esto no necesariamente pasa por un estado de conmoción. Es una medida extrema, y lo que realmente se necesita es una estrategia de seguridad combinada con inversión social.

¿Qué es un estado de conmoción?

El estado de conmoción interior, según lo estipula la Constitución, permite al gobierno central suspender ciertas garantías constitucionales, legislar mediante decretos y movilizar recursos de manera ágil para restablecer el orden.

No obstante, esta herramienta también ha sido objeto de controversia por su potencial de abuso y la falta de resultados sostenibles en contextos similares.

Juana Afanador advirtió que, aunque la medida puede brindar una respuesta inmediata a la crisis, el Estado debe evitar repetir errores del pasado:

Si no se asegura un plan sólido y estructurado, corremos el riesgo de que esta intervención solo sea un parche temporal y no ataque las raíces del problema.