Esto decía el documento de Jorge Enrique Ibáñez que advertía los riesgos de la Emergencia Económica
En su escrito, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, advirtió que el control a las normas de emergencia debe ser rápido para evitar una sustitución del Congreso.
La decisión de la Corte Constitucional de suspender los efectos del decreto de Emergencia Económica sigue generando revelaciones y debates internos.
Noticias RCN conoció un documento hasta ahora desconocido: la solicitud presentada el 20 de enero por el presidente del tribunal, Jorge Enrique Ibáñez, en la que expuso valoraciones jurídicas contundentes.
En su escrito, Ibáñez advirtió que el control a las normas de emergencia debe ser rápido para evitar una sustitución del Congreso, que la urgencia no puede convertirse en excusa para restringir libertades y que ninguna democracia puede sustraerse de la Constitución sin afectar el Estado de derecho.
También señaló que aplicar la norma podría tener efectos irremediables y que la Corte no está para reproducir estudios constitucionales anacrónicos.
La ponencia de Carlos Camargo y los votos decisivos
El magistrado Carlos Camargo fue quien finalmente presentó la ponencia de suspensión aprobada por seis votos contra dos. Su trabajo, descrito como de “filigrana” dentro del tribunal, logró convencer incluso a magistrados cuyos votos se consideraban inciertos, como Miguel Efraín Polo, Natalia Ángel y Juan Carlos Cortés. Este último es clave, pues tiene en sus manos el estudio de otro decreto de emergencia económica que aún está pendiente de revisión.
El documento del Ministerio de Hacienda y las deudas energéticas
En paralelo, salió a la luz el documento con el que el Ministerio de Hacienda justificó la declaratoria de emergencia: un escrito de 14 páginas que advierte sobre riesgos en seguridad, salud, desastres y subsidios a empresas de servicios públicos y combustibles.
Allí se reconoce un atraso en pagos de subsidios de 5,1 millones de pesos correspondiente a la vigencia de 2025, lo que según el Gobierno pone en riesgo la sostenibilidad financiera de las comercializadoras de energía. Este reconocimiento contrasta con la posición oficial que, hasta ahora, había asegurado que las obligaciones con el sector energético estaban al día.