Estos son los caminos jurídicos del expresidente y senador Álvaro Uribe
Son varias las alternativas que tiene el exmandatario para buscar su libertad inmediata apenas sea notificado de la providencia.
Noticias RCN
02:20 p. m.
La ley 600, por la que es investigado el expresidente y senador Álvaro Uribe, contempla varios caminos jurídicos que podría adoptar la defensa, si decidiera emprenderlos para revocar la medida de aseguramiento.
El primer escenario que tiene la defensa liderada por Jaime Granados es seguir adelante con el proceso, es decir, conservando la medida de aseguramiento del expresidente Uribe, la cual no implica responsabilidad alguna en los delitos.
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La Corte la adopta de manera preventiva durante el proceso. En ese episodio empezaría la práctica probatoria por parte de la defensa y la propia corte que podría practicar pruebas de oficio. Al término de esta etapa, la sala de instrucción debe tomar una decisión con el acervo probatorio recaudado en toda la investigación.
Lo anterior solo puede ser en dos caminos: acusarlo formalmente donde también debe definir si mantiene la medida de aseguramiento o, porel contrario, prelucir la investigación.
Simultáneamente, mientras el proceso sigue su curso se puede buscar la revocatoria de la medida de aseguramiento mediante un recurso de reposición que debe ser definido por la misma sala integrada por cinco magistrados que tomaron la decisión en las últimas horas. Este recurso tiene un término de 10 días hábiles para su determinación.
Otro camino es la interposición de un control de legalidad, contemplado en la ley 600 con el que se busca que sea revocada de manera inmediata la medida. En este escenario el caso pasaría a un juez superior, la sala de juzgamiento integrada por los magistrados Jorge Caldas y Ariel Torres.
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Una nueva senda es interponer una acción de tutela, contra la decisión al considerar un perjuicio irremediable con la decisión de la Corte Suprema. Esta puede ser interpuesta ante cualquier juez, que debería analizar los argumentos y evaluar si se cumplen los requisitos de procedibilidad, es decir, que se hayan agotado las etapas judiciales y persista la presunta violación de un derecho fundamental.