Estos son los pleitos judiciales que tiene el Estado colombiano por más de $ 720 billones
Germán Calderón España, el director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, hizo un balance de los pleitos activos.
Nicolás Martínez Sánchez
05:54 p. m.
El director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Germán Calderón España, dio a conocer este martes 27 de octubre cuáles son los pleitos judiciales que tiene el Estado colombiano actualmente.
Calderón informó que las entidades del orden nacional registran 281.841 procesos judiciales con pretensiones por 721 billones de pesos aproximadamente.
Más de 281 mil pleitos
A esto se suman 60 procesos arbitrales nacionales en los que el Estado actúa en calidad de convocado con pretensiones superiores a los $ 6.5 billones y otros 14 procesos arbitrales internacionales de inversión por un valor cercano a los 52 billones de pesos.
Esta información la reveló durante el día dos de la Cumbre Internacional de la Justicia en el marco de los 30 años de la Corporación Excelencia en la Justicia, evento desarrollado en Bogotá.
A nivel más detallado de los pleitos, el director precisó que la contratación mal planificada, decisiones sin sustento, obligaciones incumplidas, respuestas tardías o conductas en contravía son algunos de los motivos que originan los procesos.
Los sectores con más casos
“Este gobierno recibe una contingencia litigiosa cercana a los 780 billones de pesos y un total de 281.915 procesos de distinta índole. Complejidad y naturaleza”, señaló al mencionar que los pleitos se incrementaron en los últimos cuatro años, afirmando que los litigios acarrean afectaciones fiscales.
Volviendo a las causas, Calderón sostuvo que los informes muestran la recurrencia del incumplimiento de decisiones judiciales, controversias por privaciones injustas de la libertad y actos administrativos sancionatorios.
Los sectores de Trabajo, Educación, Hacienda, Rama Judicial y Defensa son los que más están presentes. Frente a ello, el director consideró que podrían ser las áreas que quizás requieren mejoría.
“El Estado responde patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción u omisión de las autoridades. Cuando resulte condenado, debe promoverse la repetición en los términos legales”, concluyó.