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Exalcalde de Melgar enfrenta cargos por presuntas irregularidades en contratos

Foto: Facebook

Gentil Gómez Oliveros, exalcalde de Melgar, fue imputado por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales junto con dos exfuncionarias más.


Noticias RCN

sept 17 de 2025
04:56 p. m.

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La Fiscalía General de la Nación presentó cargos contra el exalcalde de Melgar, Tolima, Gentil Gómez Oliveros; la exsecretaria de Educación, Andrea Liliana Rojas Prada, y María Margarita Rueda Abrahán, quien se desempeñó como asesora jurídica de la oficina de contratación durante el periodo 2012-2015.

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Los tres exfuncionarios fueron imputados por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, según lo informó un fiscal de la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima. Ninguno de los implicados aceptó los cargos.

La investigación de la Fiscalía señala que en 2012 se celebraron siete contratos destinados al transporte escolar de 4.813 estudiantes de preescolar, primaria y secundaria del sector rural.

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Seis de los contratos fueron adjudicados mediante contratación directa y uno por selección abreviada, todos por mínima cuantía, con un valor total de $367.280.000. Las autoridades indagan presuntas irregularidades en el proceso de adjudicación.

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La Fiscalía reveló que el monto total de los contratos escolares celebrados en Melgar durante 2012 superó los 280 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época, es decir, $158.676.000. Esta cifra excedía el umbral permitido para realizar procesos de contratación por mínima cuantía o selección abreviada, lo que obligaba a utilizar el mecanismo de licitación pública.

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Según el ente acusador, el entonces alcalde Gentil Gómez Oliveros habría dado instrucciones para iniciar los trámites contractuales entre el 20 de enero y el 19 de julio de 2012, periodo en el que se celebraron y liquidaron los siete contratos investigados.

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La exsecretaria de Educación, Andrea Liliana Rojas Prada, habría sido la encargada de elaborar los estudios previos, sustentándolos jurídicamente. Por su parte, María Margarita Rueda Abrahán, asesora jurídica de la oficina de contratación, habría revisado y avalado cada etapa del proceso, permitiendo que el exmandatario firmara y aprobara los documentos correspondientes. Las autoridades continúan con el proceso judicial para esclarecer los hechos.

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