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Exalcalde de Sabanalarga, Antioquia, enfrenta cargos por presunto uso indebido de recursos públicos

Foto: Procuraduría

Según la investigación, en calidad de alcalde, habría suscrito un pagaré con el IDEA por un monto de $272.838.870.


Noticias RCN

sept 04 de 2025
05:37 p. m.

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La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra Morel Alfonso Mazo Gutiérrez, exalcalde de Sabanalarga, Antioquia, y contra Carlos Andrés Taborda Rodríguez, quien se desempeñaba como secretario de Hacienda de esa municipalidad.

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Ambos son investigados por la presunta destinación irregular de recursos provenientes de un crédito otorgado por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA).

Según la investigación, el 27 de diciembre de 2019, Mazo Gutiérrez, en calidad de alcalde, habría suscrito un pagaré con el IDEA por un monto de $272.838.870.

Dicho préstamo hacía parte de un crédito de fomento que, conforme al contrato de empréstito número 0060 de 2017 y a un otro sí firmado en 2018, estaba destinado a la construcción de la placa polideportiva de la vereda El Llano de Oro.

“El ente de control pudo verificar que el 27 de diciembre de 2019, Mazo Gutiérrez, en su condición de alcalde, presuntamente suscribió un pagaré con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia (IDEA), a título de préstamo por un valor de $272.838.870, por concepto de crédito de fomento, el cual quedo perfeccionado en el contrato de empréstito número 0060 del 24 de julio de 2017 y un otro Sí No. 1 del 12 de septiembre de 2018, y que el Municipio de Sabanalarga destinaría para la construcción de la placa del polideportivo ubicado en la vereda El Llano de Oro”, detalló la Procuraduría.

No obstante, el Ministerio Público encontró indicios de que los recursos habrían tenido un uso diferente al establecido, lo que motivó la apertura del proceso disciplinario.

Entre las pruebas analizadas figuran copias del pagaré y del acuerdo municipal en el que se autorizaba modificar la destinación del empréstito.

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La Procuraduría Provincial de Instrucción de Santa Fe de Antioquia determinó que las actuaciones de los exfuncionarios podrían constituir una falta disciplinaria gravísima, al comprometer el manejo de dineros públicos en un proyecto que no cumplió con los fines para los cuales fueron aprobados.

Con esta decisión, el proceso entra en etapa de juicio disciplinario, en la que se definirá si los exservidores incurrieron en irregularidades que ameriten sanciones.

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