Condenan a exfuncionario del Inpec por exigir dinero a pareja de recluso en Caquetá
Según la investigación, el condenado solicitó dinero en efectivo, una novilla y dos arrobas de carne a la compañera sentimental de un interno.
Noticias RCN
07:13 p. m.
Un excomandante de vigilancia del establecimiento penitenciario Las Heliconias en Florencia, Caquetá, deberá cumplir ocho años de prisión tras ser declarado culpable de concusión por solicitar dinero y bienes a la pareja de un recluso a cambio de beneficios administrativos.
Exfuncionario del Inpec exigió dinero a pareja de recluso
Jorge Alirio Parrado Parrado, quien se desempeñaba como funcionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) en 2012, aprovechó su posición de servidor público para exigir pagos irregulares.
"Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que el Tribunal Superior de Florencia (Caquetá) confirmara, en segunda instancia, la condena impuesta a Jorge Alirio Parrado Parrado, exfuncionario del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), quien solicitó dinero a un recluso a cambio de beneficios administrativos".
Según la investigación de la Fiscalía General de la Nación, el condenado solicitó dinero en efectivo, una novilla y dos arrobas de carne a la compañera sentimental de un interno.
Las pruebas presentadas por un fiscal de la Seccional Caquetá demostraron que Parrado Parrado condicionó “la gestión de actuaciones relacionadas con la reclasificación del privado de libertad y la obtención de beneficios administrativos a cambio de estos pagos”. La mujer entregó los bienes solicitados con la expectativa de favorecer la situación de su pareja.
La condena impuesta en primera instancia incluyó no solo los ocho años de prisión, sino también el pago de una multa equivalente a 66,66 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Adicionalmente, el Tribunal ratificó la inhabilitación de Parrado Parrado para ejercer derechos y funciones públicas durante 80 meses.
El Tribunal Superior de Florencia concluyó que las pruebas recopiladas por la Fiscalía demostraron suficientemente la responsabilidad penal del exfuncionario y determinó que no existían razones para revocar el fallo condenatorio.