‘Juicio revolucionario’: la amenaza del ELN que pone sobre la mesa las políticas contra grupos armados
El grupo armado anunció que los cuatro secuestrados (policías y agentes del CTI) serán sometidos a un juicio revolucionario.
El anuncio del ELN de someter a un ‘juicio revolucionario’ a uniformados y funcionarios secuestrados ha generado indignación, reavivando el debate sobre la respuesta del Estado y la postura de la sociedad ante la violencia política.
Tras más de cinco meses de secuestro de uniformados y miembros del CTI de la Fiscalía, el pronunciamiento del grupo armado ha sido calificado como un acto barbárico y execrable por expertos. Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), afirmó que “no hay absolutamente nada revolucionario en las ejecuciones extrajudiciales” y exigió la liberación inmediata de los secuestrados.
No es la primera vez que ocurre un hecho así
El caso evoca episodios similares del pasado, como el secuestro y asesinato del líder sindical José Raquel Mercado por el M-19 en 1976. Esto plantea interrogantes sobre la evolución de la sociedad colombiana en su rechazo a la violencia política. Mientras algunos analistas señalan una mayor unidad nacional contra estos crímenes, otros advierten sobre la persistencia de sectores que legitiman ciertas formas de violencia política.
La situación también cuestiona el papel del Estado en territorios donde grupos armados ejercen control. Expertos señalan la necesidad de fortalecer la presencia estatal en seguridad, justicia y función policial, especialmente en zonas rurales. Se debate sobre la eficacia de las estrategias gubernamentales para enfrentar a grupos como el ELN, con críticas a la supuesta sintonía ideológica entre el Gobierno actual y estos grupos.
¿Qué debe hacer el Estado?
El caso refleja los desafíos que enfrenta Colombia para consolidar el monopolio estatal de la fuerza y erradicar prácticas como el secuestro. La sociedad y el Estado se encuentran ante el reto de rechazar unánimemente la violencia política y fortalecer la presencia institucional en todo el territorio.
El anuncio del ELN no solo genera rechazo, sino que también expone las complejidades de la situación de seguridad en Colombia y la necesidad de un consenso nacional más fuerte contra todas las formas de violencia política.