Expertos hablan sobre la salida del país de Carlos Ramón González, investigado por caso UNGRD
El exdirector del Dapre está desde hace varios meses en Nicaragua.
Noticias RCN
08:47 p. m.
Un nuevo escándalo está sacudiendo al Gobierno de Gustavo Petro por causa de la salida del país de quien fue uno de los altos funcionarios salpicados en el escándalo de la UNGRD.
Noticias RCN reveló en exclusiva que la Embajada en Nicaragua habría facilitado la residencia del exdirector del Dapre, Carlos Ramón González.
Los cargos de González en el Gobierno
González, quien fue la mano derecha del presidente Gustavo Petro y también director de Inteligencia después de estar en el Dapre (ha tenido dos cargos en el Gobierno); habría sido una de las cabezas del escándalo.
En septiembre del año pasado, la Embajada en Nicaragua realizó gestiones ante el gobierno de Daniel Ortega para la llegada de González con la figura de residencia.
Las fechas son cruciales en este caso. Estas gestiones se realizaron dos meses después de que se abriera una investigación preliminar contra González. El capítulo más controvertido ocurrió el 21 de mayo, cuando la Dirección Consular de Nicaragua le informó a la Embajada de Colombia en Managua que el exdirector podía renovar su cédula de residencia por 56 dólares.
Gobierno solicitó el trámite para extradición
Ese mismo día, la embajada respondió con una nota diplomática solicitando apoyo para el trámite. Según la documentación conocida por Noticias RCN, se certificó que González se encuentra en Nicaragua desde noviembre de 2024.
La Procuraduría ya tomó cartas en el asunto e inició una investigación previa contra funcionarios de la Cancillería. El Ministerio Público quiere indagar sobre los trámites que se llevaron a cabo.
De igual forma, el Gobierno a través del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, le solicitó a la Fiscalía comenzar el proceso para la extradición.
Expertos han identificado tres posibles delitos en este caso: fraude a resolución judicial, tráfico de influencias de servidor público y asociación para la comisión de delitos contra la administración pública.