"Uribe es inocente": este fue el mensaje de 28 expresidentes de América Latina por la condena

El respaldo internacional al expresidente Álvaro Uribe Vélez cobró fuerza en las últimas horas, luego de que 28 exmandatarios de América Latina remitieran una carta formal a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).

La misiva, firmada por líderes vinculados a los grupos Iniciativa Democrática de España y las Américas y Libertad y Democracia, alerta sobre lo que califican como una cadena de anomalías procesales en el juicio que derivó en la condena en primera instancia contra Uribe.

En la red social X, el expresidente Iván Duque acompañó la difusión del comunicado con una frase contundente:

Uribe es inocente.

¿Qué solicitan los expresidentes?

Los expresidentes solicitaron, entre otros puntos:

• Que el caso sea tratado como una prioridad en la defensa internacional de los derechos humanos y la democracia.
• Que se activen mecanismos de monitoreo y protección inmediata.
• Que se emitan recomendaciones urgentes y se requiera al Estado colombiano información detallada sobre los estándares judiciales aplicados en el proceso.
• Que se prevenga la consolidación de un precedente peligroso que socave los pilares del sistema interamericano de justicia y el Estado de Derecho en la región.

Según los firmantes, la condena judicial contra Uribe se basó en pruebas cuestionables, interceptaciones sin orden judicial, filtraciones a la prensa, y cambios abruptos en la postura del ente acusador coincidiendo con la llegada de una nueva administración a la Fiscalía General.

Estas son las irregularidades que señalan en la carta

En el documento, los 28 exjefes de Estado enumeran seis hechos concretos que, a su juicio, configuran un proceso judicial viciado:

• Interceptación ilegal de más de 21.000 registros de llamadas privadas, sin autorización judicial y bajo el argumento de una supuesta confusión de números, lo cual, afirman, viola el derecho a la privacidad y debería haber invalidado el proceso desde su origen.

• Filtraciones selectivas de piezas reservadas a medios de comunicación, que provocaron una condena mediática anticipada y vulneraron los derechos a la honra, el buen nombre y un juicio imparcial.
• Dependencia de testimonios no confiables, como el del principal testigo Juan Guillermo Monsalve, condenado por secuestro y concierto para delinquir durante el mandato de Uribe, así como otros testigos investigados por falso testimonio.
• Anomalías procesales graves, como homologación irregular de una indagatoria a imputación, restricciones al derecho a la defensa, y medida de aseguramiento dictada sin pruebas suficientes.
• Cambio súbito en la postura de la Fiscalía, que pasó de solicitar dos veces la preclusión del proceso a formular acusación, tras el relevo del fiscal general durante el actual gobierno, del cual Uribe es opositor político.
• Desconocimiento del pronunciamiento de la Procuraduría, entidad que había solicitado la absolución del expresidente por falta de pruebas y debilidades estructurales en el caso.

Acusaron presión de criminales extraditados y motivaciones políticas

La carta también advierte que muchos de los testimonios usados en el proceso habrían provenido de exparamilitares extraditados a Estados Unidos durante el gobierno de Uribe, quienes habrían buscado vengarse del expresidente.

Recuerdan que durante su mandato se autorizaron más de 1.400 extradiciones, incluidos los principales cabecillas de grupos paramilitares, quienes enfrentaron penas superiores a las que habrían recibido en Colombia.

Los firmantes advierten que el proceso no solo vulnera los derechos de Uribe, sino que socava principios básicos del debido proceso y representa un riesgo institucional para Colombia.

Aseguran que, pese a todas las irregularidades denunciadas, el expresidente ha acudido a la justicia de forma personal, ha colaborado en cada instancia y continúa enfrentando el proceso “con dignidad”.

Pidieron acción urgente para evitar un precedente peligroso

En el documento, los 28 expresidentes recalcan que su comunicación no busca presionar al sistema judicial, sino denunciar un patrón estructural de irregularidades que ha derivado en una sentencia condenatoria “construida sobre un terreno frágil y jurídicamente insostenible”.

Finalizan pidiendo que el caso reciba la atención que merece desde los organismos internacionales, para evitar que se consolide un precedente que debilite los sistemas de protección de derechos humanos en América Latina.

Uribe ha sido víctima de un proceso penal plagado de irregularidades. Aún así, ha comparecido, ha colaborado y ha enfrentado con dignidad cada etapa de este tortuoso camino judicial.