Falta de recursos en programas de sustitución de cultivos ilícitos, un dolor de cabeza para gobernadores

El Gobierno reconoció las dificultades para cubrir a todas las familias con el programa y se comprometió a incrementar esfuerzos en materia de inversión.


Noticias RCN

feb 16 de 2020
02:29 p. m.

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Para el gobernador de Nariño, John Alexander Rojas, el departamento con más coca cultivada en el país, la falta de recursos para programas de sustitución, pone en riesgo a miles de familias que no tienen otro sustento.

"Lo que uno ha observado en Alto Mira y frontera es que donde está el Plan Nacional Integral de Sustitución (Pnis), la gente está de acuerdo con la sustitución alternativa, pero hacen falta más recursos. Hay solo 16.000 familias, en Tumaco más de 30.000 familias”, dijo el gobernador.

La preocupación también se percibe en el departamento del Cauca cuyo gobernador, Elías Larrahondo califica el programa como "estancado".

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"Podríamos decir que el programa se encuentra básicamente estancado, lo que nosotros queremos es que haya inyección de recursos y que ojalá en caso de los municipios Pdet se puedan llegar con recursos importantes para poder garantizarle a la gente un mejor sistema de vida", dijo Larrahondo.

En Norte de Santander y en Putumayo los gobiernos locales piden que la inversión para la sustitución, y proyectos productivos esté acompañada de seguridad a quienes apoyan este programa y a los beneficiarios.

Actualmente el Pnis cubre a 100.000 familias, peros según la Consejería para la Estabilización podría llegar este año a las 130.000.

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Sin embargo, el Gobierno reconoce las dificultades para cubrir a la totalidad de familias, según Emilio Archila, el anterior Gobierno dejó el programa "desfinanciado".

"En la manera como lo ofreció el Gobierno pasado va a terminar costando 4.2 billones de pesos, sin embargo, en el Gobierno anterior solo habían previsto 300.000 millones de pesos", aseguró Emilio Archila, consejero para la estabilización.

El Gobierno aseguró que seguirá buscando más recursos que permita continuar con la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos.

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