Fue radicada una denuncia contra la fiscal general por la liberación de los disidentes de las Farc

Ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes se presentó una denuncia en contra de la fiscal general Luz Adriana Camargo, por ordenar que dejaran en libertad a tres disidentes que fueron detenidos en Antioquia cuando se estaban movilizando en camionetas de la UNP. Se trata de alias Ramiro, alias Erika y alias Urías Perdomo.

“La siguiente acusación es por presunta violación de la Constitución y el Código de Procedimiento Penal en relación con el actuar del 23 de julio de 2024”, se detalla al inició de la demanda.

¿Cuáles son los argumentos que se presentaron contra la fiscal general en la demanda dirigida a la Cámara de Representantes?

Los demandantes señalaron que la detención y el proceso judicial contra los disidentes tenía que seguir en curso debido a que fueron capturados en flagrancia porque al interior de las camionetas se encontraron millones de pesos en efectivo, armas y municiones. En ese sentido, consideran que se actuó en contra de lo que está estipulado en la Constitución.

“Como representante del Ministerio Público, la fiscal general tiene el deber constitucional de velar por el interés público y la legalidad. Solicitar la liberación de cabecillas de las Farc capturados en flagrancia contradice este deber, puesto que compromete la efectividad de la acción penal y la seguridad ciudadana”, explicaron los demandantes.

Pero, además, en la demanda se especificó que el actuar de la fiscal Luz Adriana Camargo pudo haber afectado al Acuerdo de Paz firmado en 2016 y a las víctimas. La razón que se expuso fue que, a pesar de que se conocía que tenían delitos punibles, se les avaló la libertad y se cree que esa conducta podría generar impunidad y afectar el esclarecimiento de la verdad.

De igual manera, teniendo en cuenta que los cabecillas siguen portando armas y que la justicia ha determinado que son un peligro para la sociedad, los demandantes indicaron que su libertad podría afectar la seguridad y el derecho a la vida de los colombianos que viven en las zonas del país en las que ellos operan.

“Esto podría socavar la confianza pública en el sistema judicial y la capacidad del Estado para combatir eficazmente el crimen organizado y la violencia”, se redactó en la demanda presenta ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

¿Qué pidieron concretamente los demandantes en la denuncia radicada en la Cámara de Representantes contra la fiscal general?

Los encargados de la demanda solicitaron que se analice detalladamente el actuar que tuvo la fiscal general para dejar en libertad a los disidentes y que, en el caso de que se hallen faltas concretas, se generen las sanciones estipuladas en la Constitución y en el Código Penal.

Adicionalmente, hicieron énfasis en que se debe tener en cuenta lo que está consignado en el Acuerdo de Paz firmado en el 2016 para determinar si se rompió el marco legal acordado durante la negociación.