Fiscal: no hay obstáculos legales que impidan que Trinidad participe en diálogos
El comisionado de Paz, Sergio Jaramillo, dijo que el guerrillero preso en EE.UU. debería participar en los diálogos de paz.
Noticias RCN
may 13 de 2015
11:02 a. m.
11:02 a. m.
Al pronunciarse sobre la declaración que hizo el comisionado de Paz Sergio Jaramillo, el fiscal general, Eduardo Montealegre, dijo que no encuentra impedimentos legales para que el guerrillero 'Simón Trinidad', quien se encuentra preso en Estados Unidos, participe en los diálogos de paz que se desarrollan en Cuba con las Farc.
"Si la justicia norteamericana acepta la presencia temporal de Simón Trinidad en La Habana, es totalmente posible; en Colombia no existe ningún obstáculo legal o jurídico para que Simón Trinidad esté o pueda eventualmente estar en las negociaciones de paz", dijo Montealegre en declaraciones tomadas por RCN La Radio.
Horas antes, Jaramillo había manifestado en una entrevista con la BBC de Londres que incluso el mismo presidente Juan Manuel Santos estaba buscando opciones que le permitan a Trinidad participar en la mesa de diálogos.
"Hemos incluso hablado de eso con los Estados Unidos a los más altos niveles, el presidente ha buscado varias opciones. Estamos haciendo lo que podemos para agilizar las negociaciones", aseguró Jaramillo, quien también dijo que Trinidad debería estar en Cuba.
En los diálogos de paz que se adelantan en La Habana los voceros de las Farc han insistido en repetidas oportunidades que la firma de un acuerdo de paz no será posible sin la presencia de Trinidad.
"El presidente tiene la facultad de solicitarle a la Fiscalía la suspensión de las órdenes de captura, es decir, en el derecho interno colombiano, no hay ningún obstáculo jurídico para que Simón Trinidad esté eventualmente en La Habana, porque hay mecanismos para suspender las órdenes de captura que existen en su contra", añadió el fiscal Montealegre.
Aunque hasta el momento se escuchan voces a favor de la posible liberación del jefe guerrillero, hace varios días el procurador general, Alejandro Ordóñez, había solicitado a la justicia norteamericana que no libere al guerrillero quien paga una pena de 60 años de cárcel en Estados Unidos por secuestro.
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