Fiscalía abrió investigación por denuncia de la Corte Constitucional de presuntas 'chuzadas' a magistrados

Frente a la denuncia de la Corte Constitucional sobre supuestas interceptaciones y seguimientos ilegales a uno de los despachos de los magistrados, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación; así lo informó el ente acusador a través de un comunicado.

“Frente a la gravedad de los hechos puestos en su conocimiento, al recibir esta semana en la Corte Constitucional la denuncia sobre presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a uno de los despachos de sus magistrados, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, ordenó iniciar la investigación correspondiente de forma inmediata en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia”, dice el texto.

En el comunicado, la Fiscalía manifestó que dispondrá de todos los recursos necesarios para avanzar con celeridad en los actos investigativos que permitan determinar la veracidad de estas denuncias.

La Fiscal General dispuso todos los recursos al alcance de la entidad, para avanzar con celeridad y rigor en los actos investigativos que permitan establecer los alcances y el impacto de la delicada situación denunciada el pasado miércoles

Posibles interceptaciones a magistrados

El pasado 14 de junio, un magistrado de la Sala Plena dio las primeras alertas sobre la posibilidad de que su teléfono estuviera interceptado.

“Me permito informar que este teléfono y este chat han sido intervenidos ilegalmente por los órganos de inteligencia del Estado”, denunció.

Después de esta gravísima acusación, la fiscal Luz Camargo se reunió con el alto tribunal en dos oportunidades. En una de estas citas, dos magistrados manifestaron sentirse preocupados y dijeron tener información sobre la posibilidad de que algunos miembros de la Corte Suprema estarían siendo interceptados.

“Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia”, denunció el magistrado Enrique Ibáñez.

A la sazón, en los últimos días, el titular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) fue citado a debate de control político en el Congreso de la República.

“El país tiene que saber que este Gobierno, nunca, lo hace ni lo haría (interceptar las comunicaciones de los magistrados)”, manifestó.

La Fiscalía ya habría asignado un grupo élite del CTI para investigar este hecho.