Fiscalía afecta redes asociadas con el blanqueo de capitales provenientes del tráfico de estupefacientes
Los sujetos conformaban clanes familiares que daban apariencia de legalidad a dineros ilícitos.
Noticias RCN
09:07 a. m.
La Fiscalía General de la Nación reveló, por medio de un reciente boletín, detalles sobre el modo en el que los sujetos operaban para blanquear capital que estaría asociado con tráfico transnacional de estupefacientes de redes criminales.
Fiscalía afecta redes de blanqueo de capital
Según el ente investigativo, se trata de clanes familiares que se encargaban presuntamente de dar apariencia legal a dineros ilegales, por medio de la constitución de sociedades y la adquisición de inmuebles y vehículos. Los sujetos estarían relacionados con el tráfico de estupefacientes en Turbo, Antioquia, con destino a Holanda y Bélgica en Europa.
La investigación, liderada por un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, evidenció la existencia de diferentes grupos familiares denominados como ‘Amu Gutiérrez’, ‘Gutiérrez Grajales’ y ‘Carrillo de la Vega’. Los sujetos, que integraban dichos grupos, se encargarían de coordinar las diferentes acciones para dar la apariencia de legalidad a estos dineros.
La captura se llevó a cabo por parte de uniformados del SIU DIRAN, en el Urabá Antioqueño, en los que cayeron los siguientes implicados: Edilma Rodríguez Burgos, Carlos Antonio Palacios Rodríguez, Luis Ángel Gutiérrez Grajales, alias El Viejo; Ingrid López Barrios, Yuliana Andrea Rivera Higuita, Simón Viviescas Alzate y Erika Janeth Carrillo de la Vega.
Imputación de cargos a los clanes familiares
Según la Fiscalía, las personas capturadas fueron imputadas según sus eventuales responsabilidades individuales, dentro de la red. Algunos de estos delitos fueron enriquecimiento ilícito, concierto para delinquir con fines de lavado de activos y lavado de activos.
De igual manera, la policía judicial llevó a cabo una ardua investigación con la que hicieron seguimiento a personas, rastrearon bases de datos, entre otras labores que determinaron que dichas conductas fueron cometidas durante el 2015 y 2020. En este periodo de tiempo los procesados constituyeron, aparentemente, sociedades agrícolas e inmobiliarias y adquirieron inmuebles y vehículos para dar apariencia de legalidad a dichas rentas ilícitas.
Así mismo, la autoridad reportó que estas actividades generaron un incremento patrimonial, para las redes criminales, cercano a los 44.000 millones de pesos. El juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario para los investigados.