Fiscalía llevará el caso de ocho detenidos que murieron en estación de Policía de Soacha

Fiscalía llevará caso de ocho muertos por incendio en CAI de Soacha/Foto: archivo/Noticias RCN.

El conflicto de jurisdicciones fue resuelto por la Corte Constitucional, con el fin de dar continuidad al caso en contra de tres agentes.


Noticias RCN

dic 19 de 2021
10:03 a. m.

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La determinación de la Corte Constitucional en el caso de la muerte de los ocho jóvenes detenidos en la estación de Policía deSan Mateo, en Soacha, ocurrido en 2020, fue dar continuidad al proceso desde las salas de la Fiscalía General de la Nación.

Esta decisión del alto tribunal busca resolver el conflicto de jurisdicciones entre la justicia ordinaria y Penal Militar, en el caso que involucra a los patrulleros Jorge Suarez, Gabriel Ruiz y la subcomandante, Adelaida del Pilar González.

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Los hechos que atañen a la investigación ocurrieron el pasado 4 de septiembre de 2020 al interior de las instalaciones de la estación de Policía de San Mateo, en Soacha, cuando ocho personas fallecieron y tres más resultaron con lesiones graves por un incendio que se presentó.

Como consecuencia de lo sucedido, la Fiscalía inició un proceso penal con imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra de los agentes por el cargo de homicidio agravado, pues se presume que los uniformados habrían incurrido en omisión para apagar el fuego, evacuar y salvaguardar la vida.

“Los funcionarios estaban encargados de la vigilancia y custodia de las personas privadas de la libertad en la estación de policía y, en consecuencia, los hechos se presentaron con relación directa del servicio policial” expresó entonces la Fiscalía.

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Entretanto, el caso llegó a los estrados de la Corte en abril con el fin de determinar si debía seguir bajo la justicia ordinaria o pasar a la justicia Penal Militar. Tras el estudio, el alto tribunal apoyó la tesis de la Fiscalía y decidió dar continuidad al proceso en las salas de la misma.

Cabe recordar que en octubre, la Procuraduría resolvió destituir e inhabilitar por 16 años y seis meses a uno de los patrulleros y a la subteniente involucrada, por la responsabilidad directa que tuvieron al no velar por la vida de las demás personas que se encontraban dentro de la estación.

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